El PNV ha respondido, en un comunicado, a la intención de la Diputación de Gipuzkoa de llevar a los tribunales el contrato con la empresa que explota y conserva las autopistas de Gipuzkoa, ya que, según afirmó ayer la diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, es «lesivo» para los intereses públicos.

Olano ha desmentido estas afirmaciones con el argumento de que los presupuestos anuales de Bidelan se aprueban en el Consejo de Administración de Bidegi y que «cualquier deslizamiento o variación en los presupuestos anuales corre a cargo de la adjudicataria. Cualquier modificación en salarios, evolución del IPC, incremento del precio de las materias primas como la electricidad o el carburante son asumidos por la adjudicataria».

El exdiputado general ha explicado que, por efecto de la crisis, el tráfico se redujo en las autopistas guipuzcoanas, por lo que «se tuvo que negociar el reequilibrio económico del contrato», lo que es, según Olano, «una práctica muy habitual en la administración, también por parte de Bildu en la actual Diputación».

«La decisión política de la izquierda abertzale de judicializar los contratos por el simple hecho de que no le gustan ataca el principio básico de seguridad jurídica y arrastra a la Diputación a escenarios de alto riesgo que van a costar millones a la sociedad guipuzcoana», ha advertido Olano, que augura futuras indemnizaciones en favor de las empresas afectadas.

El portavoz jeltzale ha manifestado que Larraitz Ugarte ha vuelto a evidenciar «su incapacidad de gestión y su asombrosa capacidad de destruir esquemas de funcionamiento que han demostrado su eficacia, mostrando una vez más su obsesión por el enfrentamiento y erigiéndose en un elemento político disolvente que dificulta cualquier tipo de entendimiento y acercamiento político».