Tal y como se adelantó a principios de año, China ha anunciado la derogación del sistema de «campos de reeducación por el trabajo«, una de las herencias de la Revolución maoísta más criticadas, así como la reducción gradual de los delitos castigados con la pena de muerte y un compromiso contra el uso de la tortura en los interrogatorios.

Paralelamente, Pekín relajará la política de hijo único, extendiendo las excepciones a los progenitores uno de cuyos miembros sea a su vez hijo único (hasta ahora exigía que lo fueran los dos).

Siguiendo en materia social, y aunque no prevé la derogación del sistema de asignación de residencia (houkou), introducirá mecanismos para aliviar la suerte de los 300 millones de campesinos emigrados a las ciudades y que no se benefician hasta ahora de los servicios educativos, sanitarios y sociales en las grandes urbes de acogida por estar adscritos a su territorio de origen.

Finalmente, y como concreción de la anunciada profundización en la «economía socialista de mercado», el Gobierno chino permitirá la creación de pequeños o medianos bancos «con capital privado cualificado».

Un conjunto de medidas gradualistas que seguro no satisfarán ni a tirios ni a troyanos pero que denotan que, sin embargo, China se mueve. Pero que lo hace a su ritmo, tanto a la hora de anunciarlas como a la hora de complementarlas.