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Donostia

La oposición donostiarra llevará a los tribunales el decreto de desanexión de Igeldo

Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Donostia, PSE, PP y PNV, propondrán y aprobarán en el pleno de este jueves la presentación de un recurso contra el decreto foral de desanexión del barrio de Igeldo al entender que se trata de una decisión que no se ajusta a la legalidad.

Estos grupos opinan que el alcalde, Juan Karlos Izagirre, debe dejar su puesto en la medida en que se ha consumado una segregación que él defendió e impulsó como vecino de Igeldo e integrante de la plataforma Itxas Aurre antes de acceder a la Alcaldía.

Los siete concejales del PSE y los seis del PP han comparecido en una rueda de prensa conjunta, en las que han vuelto a reclamar al PNV que respalde una moción de censura contra Izagirre, de quien el portavoz del PSE, Ernesto Gasco, ha dicho que «por coherencia y ética, debería dimitir e irse a presidir la gestora de Igeldo porque ya no representa a San Sebastián. Él ya no es donostiarra hoy, ha conseguido su objetivo. Lo lógico es que sea consecuente y ético ¿O prefiere el sueldo?».

«El hecho es muy grave porque la división de San Sebastián se ha tomado por una decisión unilateral de dos gobiernos minoritarios de Bildu, que han hecho oídos sordos a las mayorías del Ayuntamiento y las Juntas Generales», ha añadido el portavoz del PSE.

El portavoz del PP, Ramón Gómez, ha aseverado que «ahora no hay nada más prioritario» que Igeldo y por eso, ante el pleno de mañana, ambas formaciones han decidido retirar todas sus propuestas y mociones para que «se hable sólo» de la desanexión. De hecho, han anunciado que los ediles de ambas formaciones abandonarán el pleno una vez tratado este asunto.

Goia: «Cinismo insoportable»

La posibilidad de una moción de censura ya fue rechazada ayer por el portavoz jeltzale, Eneko Goia, quien sin embargo ha subrayado que «el grado de cinismo que alcanza la actuación del alcalde en estos momentos empieza a resultar insoportable».

Goia sí está de acuerdo con PSE y PP en solicitar a los tribunales la nulidad del decreto aprobado por el Gobierno foral, un acuerdo que su grupo considera «a todas luces totalmente ilegal» y «sin base jurídica» para revocar el anterior, aprobado por el anterior Ejecutivo de Markel Olano (PNV). Además, ha tachado de «un insulto a la inteligencia» que la Diputación «imponga» al Ayuntamiento «obligaciones» hacia el nuevo municipio.