El juez José Castro, encargado de instruir el ‘caso Nóos’, ha imputado a la infanta Cristina de Borbón, a la que acusa de blanqueo de capitales y delito fiscal. La hija menor del rey español ha sido llamada a declarar el próximo 8 de marzo en Palma de Mallorca a partir de las 10.00.

El abogado Miquel Roca, uno de los que ejerce la defensa de la infanta, ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Audiencia de Palma para evitar que tenga que acudir a declarar. Sin embargo, su compañero Jesús María Silva, que también defiende a la hija de Juan Carlos Borbón, ha dejado la puerta abierta a no recurrir. «No descarto la posibilidad de que a lo mejor no recurramos, si tantas ganas tiene el juez de oír las explicaciones de la infanta», ha dicho, para añadir que lo hablará con Roca y con la imputada.

En su auto, Castro sostiene que hay indicios suficientes de que Cristina Borbón se prestó a que Aizoon, la sociedad que compartía al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, «sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales» y realizó gastos fraudulentos con fondos de la empresa.

«No parece que a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto», afirma el magistrado, que defiende que tiene la obligación de imputar a la infanta para que dé cuenta de su conocimiento de los presuntos delitos fiscales cometidos por Aizoon, una sociedad que sirvió para encauzar el reparto de beneficios de las actividades ilícitas del Instituto Nóos, que obtuvo fondos públicos de forma irregular de instituciones públicas cuando lo presidía Urdangarin.

El juez ve indicios claros de que la duquesa de Palma, como declaró el notario que dio fe de la constitución de Aizoon, participaba en la entidad a modo de «escudo frente a Hacienda».

Segunda imputación

Tras una prolija investigación sobre su participación en la actividad de Aizoon, el juez pidió el pasado 9 de diciembre a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de Cristina Borbón.

Solo el colectivo ultraderechista Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se ha declarado favorable a que Castro llame a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia infanta se han manifestado contrarias a la imputación.

Esta es la segunda ocasión en la que Castro imputa a la hija de Juan Carlos de Borbón tras haberlo hecho el 3 de abril del año pasado.

Entonces, la citación quedó en suspenso después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera en un recurso y la Audiencia de Palma la dejara sin efecto en un auto dictado en mayo.

En ese mismo auto, la Audiencia Provincial apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50% junto a su marido.

Siete meses más tarde, y tras distintos informes de la Agencia Tributaria que no reflejan hechos presuntamente delictivos y varios análisis policiales sobre los gastos privados del matrimonio Urdangarin-Borbón con fondos de Aizoon, el juez ha decidido imputar a la infanta española.