Las autoridades rusas pusieron ayer en marcha unas estrictas medidas de seguridad de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, cuya inauguración está prevista para el 7 de febrero.

Aunque aún faltan cuatro semanas para el comienzo de los Juegos el deporte ha dejado el primer plano a la seguridad. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) cerrará el acceso por tierra y mar a la ciudad de Sochi, de 350.000 habitantes, a donde solo podrán acceder aquellos vehículos y barcos con registro local, acreditación olímpica o autorización especial.

Las fuerzas de seguridad, que ya se habían desplegado en esta estación balnearia situada entre el mar Negro y las montañas del Cáucaso, fueron reforzadas ayer. Con este fin, se movilizará a unos 42.000 agentes de Policía, 10.000 efectivos del Ministerio de Interior y unidades del Ejército de Tierra. Además, un satélite y los sistemas de misiles antiaéreos Pantsir vigilarán los cielos y los buques de la Armada, el mar Negro.

Rusia vigilará también todas las comunicaciones gracias a un sistema que permite al FSB acceder a todos los intercambios telefónicos y en internet, y cuya existencia fue revelada a finales de 2013 por dos periodistas rusos.

Los Juegos se celebrarán entre el 7 y el 23 de febrero, pero las medidas de seguridad se mantendrán hasta el 23 de marzo, una semana después del final de los Juegos Paralímpicos (del 7 al 16 de marzo).

La guerrilla islamista del Cáucaso, a la que se responsabiliza de los dos atentados que a finales del año pasado dejaron 34 muertos en Volgogrado, ha amenazado con abortar «por todos los medios» los Juegos de Sochi, pero a nadie se le pasa por la cabeza un posible aplazamiento del que es el acontecimiento internacional más importante que organiza Rusia desde la desintegración de la URSS, en 1991. Un evento al que el presidente, Vladimir Putin, concede mucha importancia, ya que quiere convertirlo en un escaparate de Rusia, por lo que algunos los han bautizado como los «Juegos de Putin».

Pero algunos dirigentes occidentales no asistirán a la ceremonia de apertura el 7 de febrero, un gesto considerado como una forma de protesta contra las violaciones de derechos humanos en Rusia denunciadas por las ONG.

El pasado fin de semana, el presidente Putin cedió a la presiones del Comité Olímpico Internacional (COI) y autorizó las protestas durante los Juegos en una «zona especial», modificando su decisión inicial.