Garitano ha comparecido en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde ha reiterado que Igeldo cumple «todos los requisitos» para ser municipio.

El vicepresidente de la comisión jurídica asesora de la Diputación, cuyos dictámenes en los casos referidos a la organización territorial son preceptivos pero no vinculantes, Juan Ramón Ciprián, ha comparecido también en las Juntas a petición del PSE.

Ciprián ha explicado las conclusiones del informe emitido por dicha comisión en el que se asegura que «no es posible» revocar el decreto foral de 2010, contrario a la segregación.

Según ha afirmado, solo son susceptibles de derogación aquellos decretos que son desfavorables o gravosos para ambas partes, pero en este caso el contenido «es favorable» para la asociación Itxas Aurre, promotora de la desanexión, «pero no para la otra parte».

«Al ser un acto de naturaleza mixta no es posible la revocación» por lo que la comisión asesora «no pasó a valorar el contenido» del decreto del diciembre de 2013, que convierte a Igeldo en el 89 municipio de Gipuzkoa, ya que «falla la premisa» –el artículo primero de este decreto que revoca el de 2010– «de la que todo depende».

Preguntado por la portavoz del grupo juntero del PSE, Rafaela Romero, Garitano ha asegurado que la polémica de Igeldo «no es deseable» y ha asegurado que «algunos disfrutan» con la situación «kafkiana» que se ha originado.

Para el diputado general, Igeldo es un municipio porque «cumple todos los requisitos que se le exigen por ley» y los igeldotarras tienen la «voluntad de que así sea, ese es su derecho» y esta es la «clave del asunto».

«Lo demás –ha remarcado Garitano– es poner obstáculos, aplicar la negación, destruir lo construido y menospreciar la democracia» en un interés de crear «debates falsos» impulsados por intereses políticos y electorales.

En este sentido ha pedido que se respete «el interés» de los vecinos de Igeldo y que no se judicialice el asunto.

Garitano ha incidido en que la desanexión cumple con los requisitos de viabilidad económica y de interés público permanente y ha reclamado a la oposición que explique por qué está en contra de la opinión de los vecinos de Igeldo y revelar «qué intereses políticos ocultan».

Romero, por su parte, ha advertido a Garitano que «camina peligrosamente» porque aprobó el decreto del pasado mes de diciembre «a sabiendas de que es injusto porque una revocación no puede tomarse por razones políticas».

La portavoz del PSE se ha mostrado «decepcionada» porque un diputado general haya hecho una valoración «política y poco respetuosa con el Ayuntamiento de San Sebastián» y ha asegurado que «entiende que se haya querido marcar un tanto político como izquierda abertzale» al igual que en el caso de la incineradora de Zubieta.

Dos intervenciones, ha subrayado, cuyas consecuencias «pagarán todos los guipuzcoanos».

En el mismo sentido se ha manifestado el juntero del PNV Xabier Ezeizabarrena quien ha asegurado que la segregación es una decisión «política», que va en contra de la cámara del herrialde y en contra del Ayuntamiento donostiarra al tiempo que contraviene todas las legislaciones del ordenamiento del territorio.

Ha criticado la «irresponsabilidad» del diputado general al aprobar un decreto a pesar de que conociera el informe de la comisión asesora y por dar «carta de legalidad a algo que no se sostiene».

El juntero del PP Juan Carlos Cano ha considerado que la Diputación de Gipuzkoa ha «retorcido» el derecho y utiliza la consulta de Igeldo como «punta de lanza de su modelo de gobierno que se asimila al bolivariano o al norcoreano» en el que «utiliza a San Sebastián como banco de pruebas».