Cerca de 700 policías vigilarán el cumplimiento de la llamada «circulación alterna» en París y en las otras 22 ciudades de su extrarradio inmediato donde se aplica el dispositivo, según ha explicado el prefecto, Bernard Boucaud.

Los policías tienen la directriz de privilegiar la «pedagogía» con los automovilistas -ha precisado Boucaud a la emisora ‘France Info’-, pero también de imponer multas e incluso inmovilizaciones a los que demuestren voluntad de infringir el dispositivo, que puede prolongarse al martes si persisten las condiciones meteorológicas, en ese caso sería para los vehículos con matrículas impares.

En todo el perímetro definido, no podrán entrar los camiones de más de 3,5 toneladas, salvo los de la basura o los frigoríficos de aprovisionamiento alimentario.

Hay una serie de derogaciones que permitirán seguir circulando a todos los vehículos considerados «limpios» (eléctricos, híbridos o con propulsión de gas) pero también a los que -al margen del número de su matrícula- lleven al menos tres ocupantes, a los de servicios de urgencias, los taxis, los autocares y otros de transporte colectivo, así como los matriculados en el extranjero.

Para incitar a que los automovilistas dejen su automóvil en casa mientras dure esta situación, se mantendrá la gratuidad del transporte público -en vigor desde el viernes- y de los servicios de alquiler de bicicletas (Velib) y de coches eléctricos (Autolib), al igual que el aparcamiento residencial.

El ministro francés de Ecología, Philippe Martin, anticipó el viernes que el dispositivo generará «dificultades» y «enfados» pero lo justificó por razones sanitarias, después de que se hayan superado durante seis días consecutivos los umbrales de alerta por contaminación de micro-partículas en la región de París.

Martin, en conferencia de prensa, pidió a las empresas y administraciones que sean «flexibles» con los empleados que pueden llegar tarde al trabajo a causa de estas restricciones, que sólo se habían aplicado una vez con anterioridad en Francia, concretamente el 1 de octubre de 1997.

Según los datos oficiales, en aquella ocasión el tráfico en la capital francesa disminuyó un 20% y el organismo que controla la calidad del aire, Airparif, constató una caída del 15% de las emisiones de dióxido de nitrógeno, que eran el problema.

La imposición de la circulación alterna ha recibido críticas de la oposición de derechas, que por boca del presidente de la Unión por una Mayoría Popular (UMP), Jean-François Copé, o de la candidata a la alcaldía de París de ese partido, Nathalie Kosciusko Morizet, que han reprochado que se trata de una reacción tardía y con pocas expectativas de resultados.

Más duros han sido los ataques de la Asociación del Automóvil Club (ACA) que ha denunciado que la medida «sobre todo va a generar el caos, penalizar a las familias modestas (...) y engendrar costos económicos suplementarios».

La ACA ha afirmado que solo se actúa contra la circulación rodada, que no representa más que el 18% de las emisiones de partículas en la atmósfera, mientras el 82% restante tienen su origen en la vivienda, la actividad industrial, agrícola o del sector terciario.

Lo cierto es que desde mediados de semana se ha obligado a ciertas industrias más contaminantes a reducir su actividad y se ha restringido la diseminación de sulfatos o fertilizantes, así como otras labores en parcelas agrícolas.