El fiscal Pedro Martínez Torrijos ha planteado que el Estado argentino podría presentar una querella en el juzgado de Azpeitia contra el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, cuya extradición ha pedido la jueza María Servini por las torturas sufridas por Andoni Arrizabalaga en Zarautz en 1968 dentro de la causa por los crímenes del franquismo.

El representante del Ministerio Público ha realizado esta afirmación durante la vista sobre la entrega del antiguo guardia civil, celebrada esta mañana en la Audiencia Nacional española.

La sesión ha comenzado a las 10.20 horas, aproximadamente. Nada más comenzar, el abogado del exguardia civil ha reclamado que no fuese grabado «por razones de seguridad», reiterando que Muñecas ya había sido «suficientemente expuesto». Un argumento que no ha sido aceptado por el presidente de la sala, Alfonso Guevara, quien ha recordado que se trataba de una audiencia pública.

Única pregunta del fiscal

El antiguo guardia civil, en pie, se ha opuesto a la extradición y ha respondido a la única pregunta que ha planteado el fiscal, negando tener ninguna relación con el Estado de Argentina. También se ha ratificado en su declaración anterior. Estas han sido sus únicas palabras. Antes de que la sesión quedase vista para sentencia, ha tratado de hacer efectiva su última palabra. «Yo nunca conocí al señor...», ha arrancado, pero ha sido interrumpido por Guevara, quien le ha remarcado que estas explicaciones «no forman parte de este procedimiento». En estas circunstancias, el antiguo guardia civil, condenado a cinco años de cárcel por su participación en el golpe de Estado de 1981, ha optado por no añadir nada más.

Tanto el Ministerio Público como la defensa de Muñecas coinciden en el fondo: oponerse a que el torturador sea extraditado ante la Justicia argentina, que lo reclama dentro de la causa abierta contra los crímenes del franquismo.

En primer lugar, el fiscal ha presentado como argumento su nacionalidad española y que los delitos habrían sido cometido sobre personas con pasaporte español, lo que impediría ser entregado en virtud del artículo 7 del tratado de extradición firmado entre Madrid y Buenos Aires.

También ha considerado la posibilidad que se hayan juzgado los hechos de forma efectiva en el Estado español. Una opción inviable si se toma en cuenta su tercer argumento: que las torturas estarían prescritas tanto si se recurre al Código Penal del momento en el que Arrizabalaga fue torturado como al de 1973, que es el que se aplicaría. «Los plazos se han cumplido con generosidad», ha afirmado. Sobre la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, ha remarcado que la doctrina del Tribunal Supremo no sería retroactiva. Finalmente, ha vuelto a apoyarse en el tratado de extradición para considerar que existe una subsidiariedad de la legislación universal respecto de la normativa de cada país, en este caso, la del Estado español, que considera que ya ha expirado el tiempo máximo para sentar en el banquillo al antiguo miembro del Instituto Armado. Finalmente, Martínez Torrijos ha planteado que Argentina podría personarse en Azpeitia, por ser el partido judicial de Zarautz, localidad donde Arrizabalaga fue maltratado. No obstante, su mención a que esta sea una vía para que las víctimas «sean oídas» deja entrever que, a lo sumo, podría lograrse que un tribunal les escuche, ya que la postura del Ministerio Público es que la investigación se cierre por prescripción.

La defensa rechaza la existencia de torturas

Más allá ha ido el abogado defensor de Muñecas, quien ha rechazado incluso la existencia de torturas, tal y como sostiene su cliente. El letrado ha asegurado que en la denuncia no hay «informe médico ni dato que diga que esto es cierto». Su gran preocupación durante su intervención ha sido ubicar el maltrato dentro del ámbito del «delito común» para eludir una acusación de crímenes contra la humanidad. Además, ha remarcado que no se ha acreditado que las torturas constituyeran un delito tipificado en los códigos penales español y argentino de 1968. «No es un delito contra derecho de gentes, tampoco es un delito de genocidio ni un delito de lesa humanidad», ha remarcado. No obstante, también se ha aferrado al argumento de la prescripción planteado previamente por la Fiscalía, rebatiendo la posibilidad de abrir un proceso en el Estado español. «No hay que abrir un procedimeinto en España. Hay que cumplir la ley», ha cerrado.

Por su parte, la abogada Ana Mesutti, representante de la Coordinadora Estatal por la Querella Argentina, ha señalado, nada más terminar la vista, que el fiscal aplica así la fórmula «o lo entregas o lo juzgas», lo que permitiría, al menos, que las víctimas de la tortura fuesen escuchadas ante un tribunal en el Estado español.

Protesta en el exterior

Mientras Muñecas permanecía en la Audiencia Nacional, un grupo de víctimas de la represión franquista se concentraba en el exterior del tribunal especial reclamando la «extradición de los torturadores». El grupo ha sido obligado en todo momento a permanecer en la esquina entre las calles Prim y Recoletos y ha estado vigilado por agentes de la Policía española.

Finalmente, una hora después de que terminase la declaración, el antiguo miembro del Instituto Armado abandonaba la sede judicial protegido por un paraguas. Un periodista ha tratado de preguntarle por su participación en la comida celebrada el pasado 18 de febrero en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro y en la que, junto a Antonio Tejero y su hijo, homenajearon a los golpistas del 23F. No ha respondido.

Ahora, la extradición ha quedado vista para sentencia, aunque la oposición de defensa y, especialmente, de Fiscalía, dificulta las opciones de que Muñecas sea entregado a la jueza Servini.