La CPI ya emitió en marzo pasado un fallo previo sobre este caso, y entonces declaró al exmiliciano culpable de asesinato como crimen de guerra y lesa humanidad, pero lo absolvió de los cargos de violación sexual y de reclutamiento de niños soldado.

Los magistrados han tenido especialmente en cuenta la «gravedad» de los delitos cometidos y el papel «significativo» del imputado en la comisión de los mismos. «Los crímenes, dirigidos contra la población de la etnia hema, perseguían la eliminación del mapa del pueblo de Bogoro y de su población», ha indicado el tribunal.

Además, los jueces han estimado que el ataque a Bogoro fue «sistemático, particularmente violento y continuado». Según la sentencia del pasado marzo, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, más de 8.000 civiles murieron y más de medio millón de personas se vieron forzadas a dejar sus casas en Ituri por el conflicto étnico en esa región.

«Las víctimas tuvieron un sufrimiento físico extremo, las heridas causadas por machetes han dejado secuelas físicas y psíquicas difíciles de reparar y las viudas o los huérfanos que quedaron tras el ataque sufren traumas que les impiden tener una participación satisfactoria en la sociedad», ha manifestado el juez Bruno Cotte durante la lectura de la sentencia.

Para los magistrados, Katanga «compartía la ideología antihema y tenía autoridad militar» cuando se cometieron los crímenes y su papel en la comisión de los mismos fue «significativa» porque «permitió y facilitó los medios necesarios, como el transporte y almacenamiento de armas, para su perpetración».

Como elementos atenuantes de la sentencia, los jueces dieron un peso relativo a que Katanga, de 34 años, sea padre de seis hijos. «La posibilidad de que un padre participe en la educación de sus hijos es un factor importante para la reintegración social de un inculpado tras el cumplimiento de la pena», han aclarado los jueces, quienes también han estimado que el acusado haya colaborado en el desarme y la desmovilización de los niños soldado en Congo.