El secretario general de Paz y Convivencia del Ejecutivo de Gasteiz, Jonan Fernández, ha comparecido ante los medios para hacer un balance de los seis primeros meses de vigencia del Plan de Paz que aprobó el Gobierno en noviembre del año pasado.

Ha destacado que ya están en marcha 17 de las 18 iniciativas previstas en él, ya que la única que no se ha activado es la creación del Memorial de Víctimas del Terrorismo, algo que compete al Gobierno español.

En un análisis global de la situación, Fernández ha explicado que para que el proceso de paz y convivencia vaya «mejor» y de manera más «fluida» es necesario un «doble cambio de actitud», para aceptar que la consolidación de la paz y la convivencia es una «causa común y no un objeto de confrontación partidaria», y para asumir que en esta materia «no es suficiente con declaraciones, sino que son necesarios los hechos».

«Estamos en el tiempo de la unilateralidad para la causa común de la paz y la convivencia: Cada cual debe aportar lo que sabe que le toca aportar y si no lo hace quedará atrás porque la sociedad no se detiene», ha añadido.

Ha insistido en que las posiciones de los partidos no se deben centrar en las polémicas o en las diferencias, sino en las «oportunidades» y en este sentido se ha mostrado convencido de que la superación de algunos de los mayores «obstáculos», como el desarme de ETA o el cambio de la política penitenciaria «llegará», pero que mientras tanto hay que seguir desarrollando iniciativas concretas.

En este sentido, el Gobierno autonómico tiene previsto presentar el próximo otoño un primer borrador del programa ‘Hitzeman’ para la «reinserción» de los presos.

Fernández ha reconocido que este documento será «abierto» a aportaciones, al ser consciente de que en esta materia «hace falta consenso», especialmente con el Gobierno español, que es el que tiene la competencia en materia penitenciaria.

Precisamente, ha sido crítico con la actitud del Ministerio del Interior, a su juicio «rechazable», por oponerse a indemnizaciones a víctimas de los GAL con argumentos basados en «conjeturas» o en meros informes policiales.