La vicepresidenta y portavoz del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que el Ejecutivo del PP está dispuesto a hablar cuanto sea necesario con la Generalitat, pero ha dejado claro que el marco tiene que ser la ley.

Por ello, ha advertido de que si el Parlament aprueba una Ley de Consultas que tiene «vicio de constitucionalidad» y, de acuerdo con esa ley se convoca la consulta el 9 de noviembre, el PP recurrirá la norma al Tribunal Constitucional, lo que acarreará su inmediata suspensión con carácter retroactivo.

La portavoz ha insistido en que el Gobierno español tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y actuará en consecuencia. Ha recalcado que el PP no puede cambiar su postura ante la consulta, pues no deriva «de un capricho ni de una decisión», sino de la Constitución, que obliga a todos los gobiernos, «este y cualquiera, en este momento y en el futuro, en España y en Cataluña».

Esa «obligación» le hace confiar en que, a pesar de sus declaraciones, el president de la Generalitat, Artur Mas, no convocará una consulta que no sea legal.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno español continuará manteniendo la interlocución institucional con la Generalitat en el objetivo de solucionar los problemas que afectan a los catalanes.