En un comunicado difundido en la página web de la Fundación Francisco Franco, Utrera Molina ha señalado que su condición de ministro franquista y el ejercicio de esas responsabilidades «no constituye, ni ha constituido ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno.

«La supuesta acción judicial instada desde la judicatura argentina contra mí y otros miembros del gobierno de la nación, no puede ser considerada como tal», añade la nota.

El suegro del exministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, carga contra Baltasar Garzón, al señalar que la causa argentina es «una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal, por carecer de fundamento legal alguno».  

Por último, Utrera Molina, a quien Servini imputa «el haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich», afirma que «la imputación de supuestos crímenes o delitos derivados del cumplimiento de mis responsabilidades políticas es una calumnia y un atentado contra mi honor», y amenaza con adoptar medidas judiciales al respecto.

El pasado jueves, el también exministro Rodolfo Martín Villa, sobre quien pesan las mismas órdenes de arresto, se mostró dispuesto a declarar ante Servini sin «refugiarse» en el «parapeto» de la decisión del Gobierno español de no extraditar a los afectados por la orden de Servini ni tampoco la Ley de Amnistía. «Para eso tenía que haber cometido algún delito que fuera objeto de esa ley», dijo.