La dimisión de Mario Fernández y la designación de Gregorio Villalabeitia como nuevo Presidente de Kutxabank han desatado todas las especulaciones sobre hasta qué punto este cambio va a incidir en el proceso de privatización de las cajas de ahorro vascas.

En principio, la incorporación de un nuevo responsable ejecutivo siempre es una oportunidad para una rectificación o reorientación de estrategias incorrectas. Si a ello añadimos las circunstancias que han rodeado la dimisión de Mario Fernández, parece evidente que debemos entender que se abre una nueva etapa en la evolución de Kutxabank, no sólo en cuanto a estrategias o modelo de gestión sino también -en este caso especialmente- en cuanto a la futura evolución institucional de la entidad.

Sin embargo, teniendo en cuenta la permanente confusión y los continuos vuelcos de opinión institucionales de los últimos cuatro años, es comprensible que se desconfíe de la verdadera voluntad de reconducción de los enormes problemas de configuración institucional de Kutxabank por parte de los partidos políticos que la controlan.

Los dos grandes e incomprensibles saltos cualitativos en la configuración de Kutxabank de los últimos años han tenido, al parecer, puntos de partida e intereses diferentes. Por un lado, la iniciativa de los partidos políticos históricos ha sido evidente en la sustracción / apropiación de Kutxabank por parte de la élite de confianza de la cúpula de dichos partidos, a través del Patronato de las fundaciones bancarias

Por otro lado, el papel de estos partidos ha sido más indirecto en cuanto a la permanente amenaza de incorporar accionistas privados en Kutxabank, incorporación que se ha venido defendiendo sin ningún tipo de razón seria que lo justificara. En ambas cuestiones, parecen haber confluido los intereses y objetivos de los dirigentes de los partidos políticos históricos por un lado y las estrategias y objetivos de la cúpula ejecutiva de Kutxabank por el otro.

Como decimos, parece claro que son los partidos políticos los que han protagonizado la sustracción / apropiación de las fundaciones bancarias. Y parece claro que son fundamentalmente los ejecutivos de Kutxabank los que venían protagonizando el planteamiento de incorporación de accionistas privados.

Sin embargo, ambos grupos de interés han actuado hasta ahora de forma coordinada o, al menos, se han respetado mutuamente en sus estrategias, sin que quede del todo claro, sobre todo, en qué medida eran o no estrategias realmente compartidas entre gestores bancarios y partidos políticos.

Lo vamos a comprobar, probablemente, durante los próximos meses. Y, muy especialmente, lo vamos a comprobar a través de las medidas que se adopten para hacer frente al reto fundamental del futuro institucional de Kutxabank: las fundaciones bancarias.

La razón evidente de que ello sea así es que, como sabemos, las fundaciones bancarias que han sustituido a las cajas de ahorros son una figura precaria y disfuncional, por las siguientes razones básicas:

a) Porque están diseñadas precisamente para una progresiva reducción de su capacidad de control de entidades financieras.

b) Porque carecen de un diseño corporativo compatible con el gobierno de una entidad financiera.

c) Porque se han utilizado para hacer desaparecer el control público y social sobre Kutxabank para dejarlo en manos del círculo de confianza de los dirigentes de los partidos políticos históricos.

Es evidente, por lo tanto, lo que hay que hacer. Hay que hacer desaparecer las fundaciones bancarias o bien sustituirlas en el control de Kutxabank. Si este proceso no se pone en marcha de forma inmediata, quedará en evidencia que, con uno u otro pretexto, se pretende que suceda precisamente lo que está sucediendo: la desaparición del control público y social de Kutxabank y la incorporación de accionistas privados.

Como decimos, las fundaciones bancarias pueden desaparecer, disolverse o transformarse. O pueden ceder sus accio- nes de Kutxabank. Cualquiera de esos instrumentos puede utilizarse para llegar a lo fundamental, un diseño en el que el resultado sea dejar la titularidad de Kutxabank en manos de diputaciones y ayuntamientos -como ha propuesto la Diputación Foral de Gipuzkoa- o bien una cooperativa de crédito con participación pública cualificada, como propone EKAI Center.