El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado la libertad con cargos para la seis ciudadanas vascas que declaraban este martes: Onintza Ostolaza, Arantxa Aparicio, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregi, Nagore San Martin y Amaia Izko.

A todas ellas les imputa un delito de «pertenencia o colaboración con organización terrorista», blanqueo de capitales y dos delitos de defraudación de IVA.

Como medidas de control les ha impuesto la prohibición de salir del Estado, comparecencias mensuales y restricciones en la labor letrada. En concreto, a las cinco abogadas les prohíbe lo que denomina «visitas organizadas a presos de ETA por parte del colectivo», sin dar más detalles.

No obstante, sí que permite «entrevistas vis a vis individualizadas que necesiten realizar con presos concretos para actos procesales concretos o penitenciarios concretos». No explica dónde establece la diferencia ni cuál sería el modo de contorolarlas. Una restricción que, según ha explicado el abogado Zigor Reizabal, atenta contra el derecho a la defensa y ni siquiera está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A Nagore San Martín, el magistrado le prohíbe participar en actos relacionados con Herrira. Una prohibición peculiar si se tiene en cuenta que Herrira tiene las actividades suspendidas desde hace más de un año, cuando 18 personas fueron arrestadas por orden del mismo juez.

Los otros siete abogados detenidos en la redada (Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Atxarte Salvador, Kepa Manzisidor, Jaione Karrera, Ane Ituño y Alfontso Zenon) pasarán a disposición judicial este miércoles , mientras que los otros tres ciudadanos vascos (Javier Carballido, Fran Balda y Jon Mintegiaga) declararán el jueves.