Las consecuencias de tres jornadas de pánico en París con una veintena de muertos durante los ataques yihadistas se extienden al Estado español. En un contexto de psicosis ante la posibilidad de más acciones armadas islamistas, el PP ha aprovechado para dar un impulso a su agenda securócrata. En concreto, ya está negociando un «pacto antiterrorista» junto al PSOE en el que incluir todas las medidas que preveía añadir a la tramitación del Código Penal y que iba a sacar aprovechando su mayoría absoluta pero en completa soledad. La situación, sin embargo, ha cambiado. Ahora Pedro Sánchez, líder de Ferraz, sí que está dispuesto a llegar a acuerdos y sacarse la fotografía del «pacto de Estado». Por eso, sus equipos ya se encuentran negociando un borrador que partiría de los 12 puntos que Génova quiso incluir en la normativa penal y que, en un primer momento, fueron rechazados. Cuando todo esté ya cocinado será cuando se dirijan al resto de grupos. Por el momento, estos solo han recibido la llamada del portavoz parlamentario del PP, Antonio Hernando, quien les comunicó la semana pasada que les haría llegar el borrador, algo que todavía no ha ocurrido. No obstante, ante la frialdad con la que han recibido los distintos grupos la iniciativa, no parece que esta vaya a trascender de una fotografía entre PP y PSOE.

El nuevo Código Penal seguía su camino en el Congreso español sin el aval de ninguna formación al margen del PP. Sin embargo, ante la psicosis desatada con los ataques de París y las recientes operaciones policiales en Bélgica, el PSOE tomó la iniciativa y buscó el acuerdo. De este modo, el partido que lidera Pedro Sánchez propuso desgajar los puntos relacionados con el «terrorismo yihadista» y negociarlos aparte. El acuerdo, hasta el momento, solo es de espíritu. Pero la semana pasada ya avanzaron los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Jorge Fernández Díaz, que la base será el texto ya presentado por el PP.

Casos que no han ocurrido

Entre los elementos que se quieren tipificar están, por ejemplo, la actividad de los denominados «lobos solitarios». Aquí, los legisladores de PP y PSOE se encuentran con el problema de cómo castigar como «terrorista» a quien no forma parte de ninguna organización armada o estructura. También se penalizará el «adiestramiento» y se perseguirá a los «retornados», aquellas personas con pasaporte español que han combatido en Siria o Irak y que luego regresan al Estado. Se da la circunstancia de que ninguno de los responsables de los atentados de París entra en esta categoría, pero el PP ha aprovechado la alarma generalizada para dar impulso a unas medidas que ya tenía en cartera.

Habrá que ver hasta qué punto transige el PSOE con la agenda securócrata del PP, que ha aprovechado su mayoría absoluta para impulsar una restrictiva reforma del Código Penal, una Ley de Seguridad Ciudadana pensada para perseguir a los manifestantes (conocida como Ley Mordaza) y una Ley de Enjuiciamiento Criminal que preveía las escuchas sin control judicial. Según se hizo público la semana pasada, todavía no hay acuerdo en asuntos como la definición de «terrorismo», de «colaboración» o perseguir conductas como visitar asiduamente páginas relacionadas con el yihadismo.

Definición de «terrorismo»

Definir un fenómeno que ni siquiera la ONU ha sido capaz de delimitar era el propósito del PP, que intentó incluir una explicación de brocha gorda adecuada a su intento de convertir en problema de orden público todo tipo de movilización social. Así, entre las conductas que la formación que dirige Mariano Rajoy quería incluir como «terroristas» se encontraban «alterar gravemente de cualquier otro modo la paz social». o «alterar gravemente el funcionamiento de las estructuras básicas políticas, constitucionales, económicas o sociales». No cabe duda de que, ampliando esta tipología, el PP busca aprovechar el ambiente generado por los atentados para impulsar su propio proyecto de control. Por el momento, el PSOE ha rechazado esta definición. Aunque habrá que ver esta semana si se producen avances en la negociación.

La propuesta del PP también preveía castigar «con pena de prisión de ocho a quince años cuando los hechos se cometan por quienes colaboren con un individuo que haya mostrado su disposición a cometer alguno de los delitos del artículo 571 (terrorismo) o haya iniciado preparativos». Una definición muy amplia que tampoco daba garantías, en opinión de los diputados de Ferraz.

La persecución de aquellos que revisen frecuentemente páginas de contenido yihadista es también otro tema que genera fricción. El PP quiere incluir un castigo de cárcel de uno a ocho años, lo que generaría un amplio espacio de arbitrariedad para la criminalización. Tampoco puede obviarse que, aunque ahora se hable de islamismo, el Estado aprovechará las nuevas posibilidades abiertas por la normativa para aplicarlas en Euskal Herria. Teniendo en cuenta que se han detenido a decenas de tuiteros por supuesta «apología del terrorismo», todavía habría que ver cómo aplicarían la nueva legislación en relación al conflicto vasco.

A la espera del texto

La tramitación del pacto no está siendo muy distinta de la estrategia que habitualmente utiliza el PP para desarrollar medidas impopulares. Durante toda la legislatura ha quedado en evidencia que su «modus operandi» es lanzar un «globo sonda» de propuestas draconianas y, posteriormente, rebajar su contenido, con la esperanza de reducir la contestación social. En este caso, al calor de los ataques de París, Rajoy se ha encontrado con la voluntad de Pedro Sánchez de sacarse la primera foto como estadista. En principio, fuentes de ambas formaciones adelantaban a Europa Press que esperaban ultimar un texto para esta semana. La semana pasada, el PP telefoneó a representantes de todas las formaciones en el Congreso y les comunicó que les haría llegar el documento, aunque todavía no lo ha hecho. Incluso se apuntó a la opción de contactar también con Ciudadanos y Podemos, dos formaciones sin representación en la Cámara Baja pero que aspiran a obtener buenos resultados en los comicios de este año.

La respuesta de los grupos, sin embargo, no ha sido benévola con PP y PSOE. De hecho, líderes de la formación que lidera Pablo Iglesias, así como de IU, han puesto en cuestión que la prioridad sea un «pacto de Estado contra el terrorismo». CiU sí que ha mostrado su disposición a añadir ennmiendas. El momento para legislar «en caliente» es ahora. Y está demostrado que los instantes posteriores a un shock como el de París son los que suelen utilizarse para aprobar leyes especiales que llevaban tiempo en el cajón.