El primer pacto de Estado entre PP y PSOE desde que Mariano Rajoy alcanzó la Presidencia del Gobierno español ya es un hecho. Ayer, el jefe del Ejecutivo y el líder de Ferraz, Pedro Sánchez, rubricaron un acuerdo «por las libertades y contra el terrorismo» en el que se incluyen las líneas maestras securócratas impulsadas por Génova. En un contexto en el que la supremacía de las dos grandes fuerzas españolas se ve amenazada, ambas han aprovechado el atentado contra la revista satírica ``Charlie Hebdo'', ocurrido en París a principios de enero, para escenificar su «gran coalición». El texto habla de «terrorismo yihadista», pero incluirá una serie de modificaciones del Código Penal que podrían afectar también a los presos políticos vascos. Por lo pronto, supone el aval de facto del PSOE a la cadena perpetua, pese a haber votado en contra en el Congreso. Asegura que la derogará en el hipotético caso de que ganase las elecciones y anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional pero, por el momento, el documento indica que «a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad», lo que implica asumir la denominada «prisión permanente revisable».
«Lo que nace hoy es la renovada intención de mantener la unidad de los demócratas contra el terrorismo», proclamó Rajoy tras la firma del acuerdo. Un enunciado que recuerda a otros tiempos en los que la violencia relacionada con el conflicto vasco se ubicaba como primera preocupación de la sociedad española. Ahora el acuerdo se dirige hacia el yihadismo. Está compuesto de ocho puntos entre los que se enumeran el endurecimiento de las penas y la ampliación de los tipos punibles, el «apoyo a las víctimas», promover políticas europeas de cooperación internacional o una proposición de ley que se presen- tará hoy mismo y que resumirá el espíritu del pacto. ``El País'' ya avanzó ayer un borrador del documento, que se debatirá en el Congreso español el 10 de febrero. En él se añade, por ejemplo, una ampliación de la definición de «terrorismo» en la que se incluye la voluntad de «alterar la paz pública», lo que abre la puerta a más arbitrariedades. También prevé castigos para la difusión de mensajes en Internet, lo que daría cobertura a redadas como la «Operación Araña» -ayer en la AN se produjo la primera condena de un año de cárcel a uno de los arrestados en el operativo-. Además se inhabilitará para dar clases por un máximo de 20 años a quien sea condenado por «terrorismo».
Guiño al lobby de víctimas tras la protesta de la AVT
La presentación del acuerdo entre PP y PSOE incluyó un guiño explícito de Mariano Rajoy al lobby de víctimas dos semanas después de que la AVT celebrase una concentración contra el Ejecutivo español. Cierto es que la organización que lidera Ángeles Pedraza pinchó en la protesta, que apenas reunió a unos cientos de personas, lo que debilitó su posición como líder del lobby. Pese a esta beligerancia, el jefe del Ejecutivo español lanzó ayer su guante y prometió el «reconocimiento» y el «apoyo sin ambages» a todas las organizaciones. El texto del acuerdo, además, incluye un punto en el que se aboga por «mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas».
El documento completo de la proposición de ley, que es la que materializará los trazos aportados en el acuerdo, se conocerá hoy mismo. Por el momento, solo Génova y Ferraz tienen el texto, pese a que, en un primer momento, aseguraron que contarían con el resto de formaciones. Pese a haber telefoneado a finales de año a los portavoces de los grupos para incluirles en el pacto, estas reuniones nunca llegaron a producirse y han sido los representantes de PP y PSOE los que han cocinado en solitario el acuerdo. Un pacto que busca apuntalar la débil posición de las dos formaciones. A.P.
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