El gerente de Moyúa, Gorka Natxiondo, ha declarado en la comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga sin existieron responsabilidades políticas en el supuesto fraude de la AP-1, que investiga un juzgado de Azpeitia y en el que están imputados un exdirector de Bidegi, un representante de la ingeniería Eptisa-Cinsa y un responsable de la UTE Laurena que construyó la autopista.

Su versión no ha coincidido con la del ingeniero que le ha precedido en el turno de comparecencias y que firma el informe en el que se sustenta la querella interpuesta por la Diputación de Gipuzkoa, según la cual se pagaron 3,4 millones de euros por trabajos no ejecutados.

Ese técnico, Kimetz Etxeberria, de la empresa Urak Bide, que elaboró a lo largo de seis meses el informe por encargo del ente foral, ha dicho que seguramente hubo «deslices» durante la construcción de la AP-1, pero que le parece «poco probable» que en los casos que él ha analizado fueran «errores involuntarios».

Su estudio concluye que se «manipularon las mediciones y conceptos» de algunas partidas de manera «chapucera», de forma que supuestamente se pagaron de más 500.000 euros por una supuesta cantidad de tierras sobrantes que no llegaron al depósito de Basagoiti, en Aretxabaleta; 900.000 por encima de los sobrecostes que se pagaron por tener que trasladar a Osinalde lo que no se dejó en ese vertedero; y 2 millones por extracciones en una cantidad superior a la real.

Ha dicho que, además, según los documentos y algunos correos que se cruzaron con Bidegi, hay «indicios» de que hubo un acuerdo con la UTE sobre las cantidades a pagar mediante una supuesta distribución de esas tierras sobrantes.

Ha precisado que en un correo «en concreto» se dice «voy a meter más en túneles», así como en otras partidas.

Etxeberria ha asegurado que está «requetemirado» si esas tierras fueron trasladadas a otro sitio y que «se sabe en cada momento adónde se llevaban».

«Llegó un punto en que el globo era más grande de lo que a mí se me había encargado», ha señalado este ingeniero, que en las conclusiones de su informe señala que «podría decirse que los incrementos no justificados de Basagoiti no se tratan de un hecho aislado, y que debería analizarse más profundamente lo correspondiente a todo el tramo».

Antes las consideraciones de las representantes del PSE y del PNV de que el suyo es un informe de parte, Etxebarria ha defendido que sus motivaciones son exclusivamente profesionales, y en otros peritajes ha trabajado «para la otra parte, para las empresas en contra de los ayuntamientos», y que ha actuado del mismo modo.

Por su parte, Natxiondo, que se incorporó como gerente de Moyúa en 2014, casi tres años después de la liquidación de la UTE, ha explicado que todos los sobrantes de tierra que no pudieron llevarse a Basagoiti por no haberse expropiado aún –no se ha referido a los documentos que certifican que estaba colmatado, hecho que niega la Diputación– se distribuyeron en acopios en distintos puntos de la AP-1 y en otro terreno de Aretxabaleta.

Ha precisado que en el pago figura como destino Basagoiti porque esos sobrantes estaban vinculados a ese depósito, aunque no pudieran dejarse allí.

El representante de Moyúa ha insistido en que todos los pagos están justificados, que ellos reclamaron una liquidación de 180 millones de euros y se rebajó a 151,7 tras el arbitraje porque Bidegi no estaba de acuerdo.

Ha negado, por tanto, que se les pagase 20 millones de más como ha dicho la diputada Larraitz Ugarte, algo que considera «totalmente falso» y que, por otro lado, tampoco es objeto ni de investigación penal ni política.

Natxiondo ha dicho que la comisión está «escorada» hacia las tesis de la Diputación y que las empresas tendrán que defenderse en el juzgado.

Ha señalado que en esta comisión no podía entrar a detallar demasiado datos porque, precisamente, estos forman parte de un «soporte documental que irá en el peritaje» que entregarán al juez que lleva el caso en Azpeitia.