«Sabemos perfectamente que los subsaharianos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) no piden asilo porque no tienen derecho». Así de contundente se expresaba el ministro español del Interior durante su segunda jornada de visita en Melilla, un día después de pasearse por la valla que separa Ceuta de Marruecos. Ayer, como la víspera, tocaba inaugurar una oficina de asilo que, en la práctica, lleva funcionando desde setiembre. A una semana de que el Congreso español apruebe la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que el PP ha colado el permiso para las «devoluciones en caliente», Interior desplegaba su propaganda en las dos ciudades autónomas. Para Fernández Díaz resultaba difícil explicar por qué en todo este tiempo ni una sola de las personas procedentes de países en conflicto como Mali y que acceden a Melilla a través de la valla había reclamado protección. Así que se lanzó en plancha. «No lo hacen porque no tienen derecho», argumentó, tratando de ubicar el debate en términos de necesidad económica. «Hay que distinguir entre la inmigración por razones humanitarias y aquellas personas que intentan entrar ilegalmente por razones económicas y sociales», dijo.

Desde hace semanas, instituciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) alertaron sobre la discriminación que padecen los solicitantes de asilo procedentes del África subsahariana en el acceso al asilo. Desde setiembre, 1.750 personas han pedido refugio. Todos ellos sirios (la gran mayoría), palestinos o iraquíes. Acceden a la oficina, ubicada junto al paso de Beni-Enzar, tras lograr atravesar la frontera con documentación falsa que adquieren en Marruecos. Se hacen pasar por vecinos de Nador, con permiso para transitar, y acceden al CETI. Esto no ocurre con los subsaharianos, que tienen que recurrir mayoritariamente a los saltos. En principio, la ley dice que cuando han saltado la verja deberían ser identificados y proporcionarles un abogado, para conocer su situación y saber si podrían reclamar asilo. La legalización «de facto» de las expulsiones en caliente hace imposible que este derecho se haga efectivo. En una semana la situación contará con el aval de la legalidad.

Un presidente imputado

La visita relámpago, de apenas 30 minutos, permitió a Fernández Díaz plantarse en el puesto fronterizo compartido con Marruecos y, en medio del caos provocado por el séquito, vender una imagen de preocupación por los Derechos Humanos. Junto a él, además de los mandos policiales, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda (PP), recientemente imputado por «prevaricación». También la representante en el Estado español de Acnur, Francesca Friz-Prguda, quien eludió realizar declaraciones para luego afirmar ante la agencia Efe que el derecho al asilo es «universal» y no depende de que se haya accedido a un territorio de modo legal o ilegal.

A pesar de las declaraciones del ministro, el objetivo del viaje era presentar al Estado como campeón de los derechos de aquellos que huyen de la guerra. Para demostrarlo, una habitación especial «para familias», con juguetes estratégicamente ubicados en la impoluta estancia y los agentes, satisfechos, reivindicando el «detalle» de lo aprendido con la «experiencia». La otra cara de una frontera en proceso de «securización», según el propio Fernández Díaz.