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DONOSTIA

Sortu afirma que el informe del GIC es «una referencia» y reitera su voluntad de diálogo

Pernando Barrena, portavoz de Sortu, ha señalado que el informe del GIC es «una referencia a tener en cuenta». Un informe que aboga por el diálogo entre Sortu y PNV. En cuanto a ello, Barrena ha defendido que la disponibilidad de la formación soberanista es «total y absoluta».

Pernando Barrena ha valorado el último informe del GIC. (SORTU)
Pernando Barrena ha valorado el último informe del GIC. (SORTU)

Sortu defiende que el informe presentado por el GIC representa «una referencia a tener en cuenta» en la consolidación del proceso de resolución y, ante ello, aboga por su «toma en consideración» como principio en la relación política «con el PNV y con cualquier otro agente político».

En una rueda de prensa ofrecida por Pernando Barrena, el portavoz soberanista ha remarcado que en el camino hacia la resolución, «todas las iniciativas en clave positiva para posibilitar un cambio sustantivo de la realidad política del país han venido de la mano de la sociedad civil vasca, la comunidad internacional y muy significativamente de la organización ETA».

En esta dirección, y conforme al informe del GIC que señala que el diálogo entre Sortu y el PNV está bloqueado, ha afirmado que «se debe a la obsesión permanente del PNV y la Dirección de Paz y Convivencia del Gobierno de Gasteiz por hacer tragar a la Izquierda Abertzale con una versión del relato sobre el pasado que no es la nuestra y que jamás podremos compartir».  Ante ello, ha reflejado la necesidad de aceptar «relatos diferenciados» y «habilitar espacios de diálogo» en Euskal Herria. En ese sentido, Barrena ha subrayado que «la disponibilidad de Sortu es total y absoluta».

De hecho ha subrayado que desde Madrid «solo llegan obstáculos», porque «el PP y el PSOE saben que son perdedores en un contexto de diálogo o confrontación democrática». Pese a ello, apuesta por «buscar fórmulas para ese diálogo que Madird quiere hacer imposible».

Las conversaciones, según Barrena, deben estar dirigidas a «soluciones inmediatas a las consecuencias del conflicto», señalando como prioridades la política penitenciaria, el reconocimiento de todas las víctimas y una marco de cobertura social, política e institucional al desarme.