Guatemala ha comenzado el año rindiendo cuentas con su pasado más convulso arrestando a 14 exmilitares acusados de participar en la desaparición de 558 indígenas entre 1981 y 1988 en el norte del país. Estas detenciones, que se llevaron a cabo el 6 de enero, se produjeron después de que el Ministerio Público (MP) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala descubrieran 558 osamentas en 85 fosas comunes en la denominada Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz. En ese campo militar, que hoy se conoce como Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) cientos de personas fueron retenidas, interrogadas y otras ejecutadas, tal como sostiene el MP, que revela que 41 de las osamentas corresponden a niños de 0 a 12 años. Entre los arrestados, que ya se encuentran en la cárcel, destacan el exjefe del Estado Mayor del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano de quien fuera presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, Romeo Lucas García. Otro de los detenidos fue el exministro de Gobernación Byron Humberto Barrientos durante el mandato de Alfonso Portillo (2000-04). También se ha visto salpicado quien fuera en 1981 ayudante del jefe del Estado Mayor del Ejército, Edgar Ovalle Maldonado, actual diputado electo del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), formación a la que pertenece Jimmy Morales, quien será investido presidente de Guatemala el próximo 14 de enero.

Todos los capturados, que tienen entre 60 y 80 años, habían vivido hasta ahora en una total impunidad sin ser juzgados por el genocidio que acabó con la vida de miles de indígenas durante el conflicto armado que asoló a este país centroamericano entre 1960 y 1996. Concretamente, se investiga a un grupo de 14 veteranos militares por desapariciones forzadas de más de 550 indígenas entre 1981 y 1986 y a otro grupo de 4 por la desaparición de un menor de 14 años en 1981.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, ha destacado que se trata de una de las «mayores desapariciones forzadas en América Latina». Según reveló, las investigaciones se iniciaron tras la sentencia de 7.710 años de prisión emitida en marzo de 2012 contra cinco ex paramilitares por la matanza conocida como «Plan de Sánchez», cometida en 1982 en la que fueron asesinados 256 indígenas de la etnia maya Achí, la mayoría mujeres, niños y ancianos.

Aldana también anunció que las osamentas halladas corresponden a población no combatiente, al tiempo que reveló que como prueba tienen el testimonio de un sobreviviente. Así, explicó que la Zona Militar 21 donde se hallaron las osamentas funcionaba como un centro de detención y ejecución clandestina dirigida por los oficiales detenidos quienes, tras acusar a los indígenas de formar parte de la guerrilla, los torturaban, violaban y asesinaban.

Por su parte, el responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos, Orlando López, recalcó que continuarán las investigaciones para esclarecer todas las matanzas ocurridas durante los periodos en los que se cometieron las desapariciones en los regímenes de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-83) y Óscar Mejía Víctores (1983-86).

Delitos de desapariciones forzadas

Concretamente, la Fiscalía guatemalteca acusa a los militares de los delitos de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad. De momento, siete de ellos ya han sido imputados por esta causa durante la audiencia judicial que tuvo lugar el pasado viernes y que se suspendió hasta hoy, dada la cantidad de personas involucradas.

Esta operación se ha llevado a cabo a escasos días de que hoy se inicie el nuevo juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt, por el asesinato durante su mandato entre 1982 y 1983 de más de 1.700 mayas ixiles. En mayo de 2013 fue condenado a 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, si bien diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló la histórica sentencia tras la recusación presentada por el abogado defensor contra la presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios.