En cinco años de proceso soberanista catalán se han visto hojas de ruta de todos los colores y plazos y fechas de todo tipo. Baste recordar que la primera referencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) fijaba el 11 de setiembre de 2014 como la fecha de la independencia. Aunque nunca cumplidas en su totalidad, las hojas de ruta con fechas fijas han servido para avanzar con un objetivo concreto en el horizonte. Todos eran conscientes de que resultaba prácticamente imposible cumplir con los plazos, pero nadie los ponía en cuestión de forma pública, ya que obligaban a todos. Algo parecido ocurre con la hoja de ruta actual, que prevé una legislatura corta de 18 meses para preparar las estructuras de Estado e iniciar el proceso constituyente, tras lo cual se celebrarían elecciones constituyentes para redactar una Carta Magna que debería ser aprobada en referéndum 12 meses después. En total, 30 meses.

El propio vicepresidente, Oriol Junqueras dijo la semana pasada que lo importante «no es hacerlo en 18 meses», sino que lo importante es alcanzar la independencia. Unas declaraciones que, unidas a las del president, Carles Puigdemont, en su entrevista en TV3 (dijo que sería malo que los plazos actuasen como «corsé» para el Govern), encendieron las alarmas de más de uno. Ayer, por si acaso, el propio Puigdemont aprovechó el primer pleno ordinario del Parlament para ahuyentar fantasmas: «No incumpliremos el mandato, nos moveremos en este año y medio de legislatura». El president, que consideró que «no sería justo ni honesto» alargar la legislatura más de lo acordado, presentó en el Parlament el Govern constituido la semana pasada, que tiene el encargo de llevar Catalunya «a las puertas del Estado independiente en forma de república». Pidió «diálogo permanente» a sus consellers y aprovechó para lanzar un aviso en busca de posibles aliados circunstanciales: «Tenemos una entente de estabilidad con la izquierda alternativa, pero no nos autolimitamos».

Dejando a un lado el precipitado debate de investidura del 10 de enero, la de ayer fue la primera jornada en la que se pudo ver a Puigdemont en el cara a cara con el resto de líderes parlamentarios. Se confirmó como un orador de reflejos rápidos (los caras a cara con el líder del PSC, Miquel Iceta, darán qué hablar) y capaz de adecuar el tono a la circunstancia de cada momento. Fue duro y al grano con los reproches de Ciutadans y PP, que consideraron «ridícula» la hoja de ruta de 18 meses, y extendió la mano izquierda al diputado de la CUP Joan Garriga ‘Nana’, que ayer se estrenó como diputado y como presidente del grupo parlamentario. Puigdemont no hizo sino seguir el tono constructivo del sustituto de Antonio Baños, que como carta de presentación, apuntó: «Seremos proactivos en el proceso y críticos con los recortes y las medidas antisociales».

JxSí-CUP, sintonía ‘in extremis’

Pese al buen tono exhibido, a primera hora de la mañana de ayer todo indicaba que los dos grupos independentistas manifestarían sus discrepancias en la votación de una moción sobre la recuperación de la paga extra de los trabajadores públicos de 2012. Se trataba de una moción presentada por todos los grupos parlamentarios excepto JxSí, que presentó una enmienda que la CUP dijo el martes que no apoyaría. Peccata minuta, si se quiere, pero más de un medio aprovechó para titular con las desavenencias entre los socios de legislatura.

Sin embargo, y como manda lo que empieza a ser ya una tradición en Catalunya, JxSí y la CUP salvaron la papeleta y en el último momento llegaron a un acuerdo para no tener que votar por separado. De hecho, el acuerdo incluyó a todos los grupos parlamentarios y establece que la extra del 2012 se devolverá a los funcionarios de forma gradual entre este 2016 y 2018. También se aprobó ayer la Comisión de estudio de Proceso Constituyente con los votos a favor de JxSí, la CUP y CSQP.

CDC se refundará en junio con Mas al mando

El acuerdo de última hora entre Junts pel Sí y la CUP sigue deparando consecuencias imprevistas. Una de ellas es sobre el futuro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hace apenas dos meses, pasaba por la disolución de las desgastadas siglas y por la búsqueda de nuevos liderazgos capaces ocupar el espacio soberanista de centroderecha. Sin embargo, el rechazo de las bases a la disolución de las siglas (la marca aguanta bien en el territorio pese a la herencia envenenada del pujolismo) y el paso atrás de Artur Mas han hecho cambiar los planes.

Ya no se trata de eliminar las siglas y fundar un nuevo partido sino de «refundar» el ya existente, según la terminología oficial. Y aunque se espera un relevo en los cargos de dirección del partido, será el propio Mas el que comande la operación de renovación. Así lo anunció a los líderes de la formación en el Comité Ejecutivo celebrado el pasado lunes, en el que también se concretó que el crucial Congreso refundacional se celebrará entre el 3 y 5 de julio.

El lunes también dejó su cargo el hasta ahora coordinador general, Josep Rull, que ocupa la cartera de Territorio y Sostenibilidad en el nuevo Govern. Gana peso, durante estos meses de transición, un hombre de confianza de Mas, Francesc Sánchez, que ayer anunció que el partido dejará de aceptar donaciones de empresas. Además, en contra de lo previsto, Rull anunció también que renuncia a disputar el puesto de secretario general en el Congreso de junio. Aparentemente, un alivio para el sector más liberal del partido, que, con Mas al frente y Rull fuera de la jugada, ve cómo se alejan las veleidades socialdemócratas del ahora conseller.

Descartado Rull, de momento dos personas han presentado públicamente su candidatura. Se trata del exconseller Germà Gordó (otrora miembro del núcleo de Mas) y del presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull.B.Z.