La Fiscalía de Araba pide 54 años y 9 meses de cárcel para el ex número dos del PNV en este herrialde, Alfredo de Miguel, como presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha hecho público su escrito de calificación, de 128 folios, en el que solicita la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, también exmiembros de la formación jeltzale y para quienes se demandan 32 años de cárcel a cada uno.

Entre los imputados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría.

El escrito del fiscal, en que especifica los hechos y delitos de los que acusa, se ha conocido justo un año y un día después de que el juez Roberto Ramos culminara la instrucción del sumario.

El magistrado concluyó entonces que había quedado «indiciariamente acreditada» la existencia de «una trama organizada» en torno a De Miguel para obtener irregularmente contratos y adjudicaciones de diferentes administraciones y entes públicos gobernados por el PNV.

Ahora la Fiscalía reitera esa idea y asegura que De Miguel ideó en una fecha «indeterminada», pero anterior a 2005, la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo para «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

El fiscal jefe de Araba dice que para ello se aprovechó de las «responsabilidades políticas y/o administrativas» que tenía por su pertenencia al PNV y que contó con la «ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades políticas».

El lehendakari, Iñigo Urkullu, rechazó el año pasado que este caso fuera una trama de financiación ilegal del PNV y defendió la actuación «clara y contundente» de la formación jeltzale.