Calheiros ha calificado de «absolutamente intempestiva» la decisión de Maranhao. «Aceptar este juego en la democracia sería comprometerme personalmente en un retraso del proceso, y no corresponde al presidente del Senado decidir si el proceso es justo o injusto», ha esgrimido.

De esta forma Calheiros ha desestimado el intento de la Cámara Baja de recuperar el ‘impeachment’ para celebrar una nueva votación en la que se decida sobre su continuidad, lo que brindaría una segunda oportunidad a Rousseff tras el ajustado resultado de la primera ronda.

Así las cosas, el calendario sigue según lo previsto, de modo que el próximo miércoles arrancará la votación en el pleno del Senado para decidir –con una mayoría simple de al menos 41 de los 81 senadores– si abre un juicio político contra Rousseff por irregularidades contables.

En este escenario, Rousseff quedaría cesada temporalmente y su vicepresidente, Michel Temer –también amenazado por un ‘impeachment’ por autorizar créditos públicos sin el consentimiento del Congreso–, asumiría el cargo de forma interina.

Tras una investigación de un máximo de 180 días, se celebraría un juicio político en el Senado dirigido por el presidente del Tribunal Supremo.

«Sin certezas»

Mientras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Roberto Caldas, han reiterado hoy en el Senado brasileño que el proceso contra Dilma Rousseff carece de base jurídica.

«La denuncia contra la presidenta no presenta ningún juicio de indicio de crímenes de responsabilidad y mucho menos de certezas», ha dicho Almagro, excanciller de Uruguay y actual secretario general de la OEA, durante una audiencia celebrada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.