La anterior Diputación de Gipuzkoa (de Bildu) interpuso en 2014 y 2015 dos querellas al advertir pagos indebidos de más de 30 millones de euros a las constructoras en dos tramos de la AP1. Los nuevos responsables de la institución (ahora gobernada por PNV y PSE) presentaron en enero un contrainforme relativo a la segunda querella, que fue avalada por la Diputación de Araba (del PP). Y hoy han aportado otro que intenta desmentir la primera. Para elaborar esta tesis alternativa han sido necesarios casi dos años, ya que la anterior Diputación acudió a los tribunales en noviembre de 2014.

El contrainforme acusa a Ingeotyc, la ingeniería independiente que hizo el análisis que sustentó la querella, de no haber revisado toda la documentación de la obra e incurrir por tanto en errores. Y la diputada, Aintzane Oiarbide, da otro salto al imputar a la Diputación de Martin Garitano «una manipulación totalmente dirigida políticamente». Lo ha afirmado primero en rueda de prensa y después en comisión de Juntas Generales.

El primer elemento revelado de este denominado «caso Bidegi» fue el pago millonario por traslados de tierra al deposito de Basagoiti-2 cuando eso resultaba imposible al estar repleto. El contrainforme elaborado ahora por técnicos de la Diputación alega que al estar efectivamente colmatado la tierra fue depositada en emplazamientos «temporales», lo que multiplicó los gastos por transporte aunque se pagaran «al precio más barato». Otra parte de ese enorme volumen de tierra se utilizó, según se dice ahora, para «restauraciones ambientales».

Los técnicos que han defendido esta versión en Juntas no solo han negado totalmente la tesis de la anterior Diputación, sino que dicen haber documentado incluso más cantidades de tierra trasladada que la realmente abonada a las constructoras. Y añaden que hubiera sido más costoso parar las obras por no haber depósito libre al que llevar la tierra extraida, porque por ejemplo en seis meses no se hubieran podido cobrar los peajes de la AP1.

Esa querella inicial basada en el caso del depósito (que cifraba la malversación en 3,4 millones de euros) fue posteriormente ampliada a 10,2 millones más, al aparecer otros aparentes trabajos falsos en tres túneles del mismo tramo de la AP1. Los técnicos sostienen igualmente que aquí que no se computaron todas las obras realmente realizadas; por ejemplo, sobre el relleno en los túneles se apunta que «no se ha metido la ‘chicha’ de la obra, el histórico». Y en cuanto a las catas encargadas por la anterior Diputación en los túneles y que detectaron mucho menos grosor de cemento del realmente pagado, dejan caer que quizás en esas perforaciones «no se llegó hasta la roca».

El contrainforme, como el anterior de enero, ha sido aportado al Juzgado de Azpeitia, donde se instruyen las dos querellas. No hay noticias sobre la investigación desde que se produjo el relevo politico en Diputación de Gipuzkoa, hace ya 16 meses, con lo que esta institución pasó de querellante a defensora de los imputados.