La nueva hoja de ruta independentista, adelantada a grandes rasgos por el president, Carles Puigdemont, en la cuestión de confianza de la semana pasada, ya tiene el sello del Parlament. Pese a las protestas de Ciutadans, PSC y PP, que trataron de impedir la votación, Junts pel Sí y la CUP hicieron valer su mayoría parlamentaria para aprobar, en el marco del Debate de Política General, dos resoluciones que, calendario en mano, dibujan el futuro del proceso soberanista. Dos son los hitos principales: el referéndum vinculante, que se celebrará «como muy tarde en setiembre de 2017», y las elecciones constituyentes, que se convocarán «en los seis meses siguientes al referéndum de autodeterminación, en caso de que la opción independentista consiga más del 50% de los votos».

Por partes. Sobre el referéndum, el Parlament aprobó que tendrá «una pregunta clara y de respuesta binaria» y que será acompañado por una comisión de seguimiento que se constituirá antes del 31 de diciembre. El texto también dice que «en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español, se mantiene el compromiso» con la convocatoria del referéndum. Es decir, pese a evitar el término «unilateral», la resolución aclara que se celebrará con permiso del Estado o sin él.

En el camino hacia dicha convocatoria, el Parlament pidió dejar lista la ley de transitoriedad jurídica este mismo año. Además, instó al Govern a convocar inmediatamente una cumbre «de todas las fuerzas políticas y sociales favorables al derecho a la autodeterminación». Reunión con la que JxSí y la CUP esperan atraer a Catalunya Sí que Es Pot (CSQP), que ayer optó por una ambigua abstención. C’s, PSC y PP no participaron en la votación, al considerarla ilegal.

Hacia las constituyentes

Sin embargo, la coalición entre Podemos e ICV-EUiA, que ayer recibió el apoyo de JxSí para aprobar otra resolución a favor de un referéndum pactado con el Estado, votó en contra del texto sobre el proceso constituyente, en el que JxSí y la CUP instaron al Govern «a proveerse de las herramientas necesarias para garantizar la convocatoria y realización de las elecciones constituyentes en los seis meses posteriores al referéndum de autodeterminación».

Como pasos previos, aprobaron crear un Consejo Asesor del Proceso Constituyente en los próximos dos meses. Y, sobre todo, se comprometieron a incorporar a los presupuestos de 2017 «los recursos financieros necesarios para la realización del proceso constituyente». Pero para eso tendrán que aprobarse dichos presupuestos, algo que pasa inexorablemente por el difícil acuerdo entre JxSí y la CUP.

De momento, ayer ambos grupos evidenciaron sus diferencias, por ejemplo, en materia fiscal, ya que ERC y la antigua CDC votaron en contra de las propuestas de la CUP sobre una mayor progresividad impositiva. El día anterior, Puigdemont anunció la creación de 7.000 nuevos empleos públicos, recordando que, para ello, es preciso aprobar los presupuestos de 2017.

El Tribunal Constitucional pide a la Fiscalía que abra la vía penal contra Forcadell

El TC decidió ayer por unanimidad estimar el recurso presentado por el Gobierno español contra la aprobación de las bases del proceso constituyente por parte del Parlament. Algo que significa la anulación del pleno celebrado el 27 de julio pero que, sobre todo, abre la puerta a que la Fiscalía emprenda la vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, «por incumplir con su deber de acatar las decisiones» del TC. El tribunal decidió también anular la Ley catalana de igualdad entre hombres y mujeres.

A la espera, por lo tanto, de que la Fiscalía emprenda acciones contra Forcadell, quien está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por su participación en el 9N es el exportavoz del Govern, Francesc Homs. Ayer el Supremo pidió al Congreso permiso para juzgarlo, paso necesario dada la condición de aforado de Homs, que es diputado. B.Z.