El fiasco de la planta de purines de Karrantza ha vuelto a primera plana de la actualidad tras la celebración hasta el pasado lunes de la vista oral en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo para determinar si el concurso de su promotora fue fortuito o provocado. En ese contexto, EH Bildu puso ayer en cuestión el control ejercido por la Diputación vizcaina sobre los 2 millones de euros que otorgó de subvención directa al proyecto en los ejercicios de 2008 y 2009.

Antes de que se iniciasen los procedimientos civil y penal en los juzgados, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas emitió un informe de fiscalización demoledor, destacaron, en el que se advirtió de «graves irregularidades en todas las ayudas recibidas&flexSpace;y «un claro incumplimiento de la normativa reguladora de las subvenciones».

La juntera Onintze Oleaga recordó que el Gobierno foral no abrió hasta el 15 de marzo de 2012 un expediente a Karrantzako Minda (KM) para que devolviese esas ayudas y no efectuó el requerimiento hasta el 13 de junio, «casi un año después de que la empresa se declarara en concurso de acreedores». Denunció que no se actuase y que no haya iniciado ningún tipo de acción judicial más allá de personarse como parte en el procedimiento concursal, «que ya –recordó– lo hace en todos los concursos».

«Resulta irresponsable e inaudito que no se hayan auditado los mecanismos de obtención y posterior control de las subvenciones, y no haya habido –añadió– una investigación profunda por parte de la Diputación». Oleaga lamentó que no se hubiese fiscalizado todo lo que rodeó a KM pero también que la Diputación no presentase calificación de culpable en el concurso, «modo en el que hubiera tenido más posibilidades de recuperar el dinero público otorgado».

Más casos

El juntero David Lopategi incidió en que el caso de Karrantza no es único, citando otros en Berriz o Alonsotegi, lo que les lleva a pensar que no existe un sistema de control efectivo de las ayudas que se conceden.

«La responsabilidad de la Administración no finaliza con el hecho de la adjudicación de dichas ayudas, se debe hacer un seguimiento hasta la finalización del proyecto», defendió en una rueda de prensa en Bilbo, apuntando a que son varios los casos en que esa vigilancia por parte de los responsables forales no ha existido.

EH Bildu reclamó al Gobierno de Unai Rementeria que extreme los controles y sancione «con más dureza y celeridad el uso incorrecto» del dinero público. A la vista de la sucesión de casos, la coalición estima que se debe abrir un debate político en el seno de las Juntas Generales sobre los mecanismos que existen para que subvenciones y ayudas que se conceden sean empleados para los fines que se otorgaron y no otros.