El tribunal, informa el PSN en un comunicado, no aprecia conducta «antijurídica» en Cerdán cuando afirmó que eran «comisarios políticos», apunta que sus declaraciones están amparadas en la libertad de expresión que reconoce la Constitución y añade que existe doctrina constitucional según la cual «la carga de asumir la crítica severa, dura e incluso inconveniente se impone en una sociedad democrática a quienes participan en la vida pública».

En los argumentos que expone el tribunal, destaca el PSN, se afirma que Cerdán «hizo uso del derecho constitucional a la libertad de expresión y que en ese ejercicio no es exigible la prueba de la exactitud de la opinión o juicio de valor que se vierte para hacer legítimo dicho ejercicio».

Agrega además que ese derecho a la libertad de expresión y el de información «ostentan una posición prevalente sobre el derecho al honor por resultar esenciales como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático».

Para el tribunal, señala el PSN, la libertad de expresión «comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra el que se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática».