Rosa es una de esas personas que pertenece a una familia obligada a vivir en una habitación. En su caso, la comparte con su maridos y sus tres hijas. «Es muy incómodo», ha destacado. Las pequeñas se ven obligadas a compartir cama, lo que les provoca alteraciones en el sueño y problemas en la escuela. Las niñas se han llegado a caer de la cama, «que es muy pequeña». En esas condiciones, la intimidad es algo inalcanzable. «No quiero que mis hijas crezcan así», ha subrayado.

El perfil de estas familias señala que carecen de ingresos económico o tienen trabajos precarios y no pueden tener acceso a las viviendas de alquiler social. Con unos alquileres que oscilan entre los 450 y 650 euros en los barrios más baratos, no tienen más remedio que alquilar una habitación por unos 250 euros. «Somos gente trabajadora que se ha quedado en el paro por la crisis», han destacado.

Luisa Jusué, de la PAH, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una vivienda digna es uno de los ingredientes para la salud. Vivir hacinados en una habitación en la que, además, hay que almacenar productos de droguería supone, por ejemplo, incrementar el riesgo de envenenamiento de los niños. No tener unos horarios que permitan el descanso y el sueño en condiciones normales es otro de los problemas. Los niños que viven encerrados en estas habitaciones no tienen acceso al juego y al estudio. Si la madre tiene que salir a trabajar y les tiene que dejar solos en la habitación, el peligro aumenta.

Jusué también ha destacado que quienes viven en estas condiciones padecen también excesiva movilidad y desarraigo, lo que supone una mayor dificultad en el acceso a prestaciones. Cualquier pequeño cambio (un incremento del alquiler o problemas de convivencia) les puede obligar a cambiar de habitación y no está garantizado que la puedan encontrar en el mismo barrio.

Ante esta situación, la PAH plantea propuestas a las instituciones, comenzando por la elaboración de un censo de personas que se encuentran en esta situación y continuando por el aumento del parque público de vivienda, evitando que se especule y ejerciendo un mayor control. Asimismo, reclaman que se intervenga para evitar desahucios de deudores de buena fe (aquellos que no pueden pagar por falta de capacidad económica).

Representantes de los partidos con responsabilidades institucionales han estado presentes en el acto de la PAH.