Así lo ha comunicado el portavoz de LAB en Nafarroa, Igor Arroyo, en declaraciones a los medios frente al Servicio Navarro de Empleo (SNE) y junto al representante del sindicato en esa entidad, Imanol Carrera, quienes han aludido a «la compra de la voluntad de UGT y CCOO por parte del Gobierno», según las informaciones.

Las medidas, ha indicado Arroyo, guardan «relación» con la «gravedad» de las informaciones y se dirigen al SNE, al departamento de Desarrollo Económico y al Parlamento de Nafarroa.

Arroyo ha indicado que esas informaciones «revelan cuestiones que hemos venido denunciando durante muchos años» y, en concreto, se trata de «la constatación de cómo ha funcionado el diálogo social en Navarra».

«Se ha tratado de un diálogo social basado en la compra de la voluntad de UGT y CCOO por parte del Gobierno y, en este caso, la compra ha sido prácticamente literal», ha incidido.

En esta línea, Arroyo ha denunciado que se ha tratado de una «compra mediante favores políticos, pero también de una compra mediante inversiones económicas por parte de UPN para alimentar las estructuras corporativas de UGT, CCOO y patronal».

Ha indicado que serán los jueces los que «deberán decir si hay cuestiones que son ilegales dentro de todas esas actuaciones o no», pero, a su juicio, son «cuestiones claramente ilegítimas».

Arroyo ha explicado que, dentro las propuestas dirigidas a la Cámara, se incluye la derogación de la Ley 22/2014 de creación del Consejo de Diálogo Social de Nafarroa.

De cara al SNE, el sindicato solicita la apertura de un expediente administrativo por parte del SNE o del Ejecutivo sobre «utilización de fondos públicos por parte de UGT, CCOO y CEN» y, «si fuera conveniente», exigir la devolución de parte de las cantidades que se consideren ilegítimas.

Para Arroyo, aunque han «desaparecido los convenios nominativos» a UGT y CCOO, se sigue «manteniendo una política de subcontratación de todas las actividades de orientación laboral y formación» por lo que, ha dicho, los citados sindicatos pueden «optar» a la gestión de esas actividades.

Así, se propone que hasta que no se resuelva el expediente administrativo, el Gobierno de Nafarroa suspenda «cualquier nueva adjudicación» de programas públicos a los citados sindicatos.

Además, Arroyo ha apostado por la creación de una comisión específica para desarrollar un plan para una red pública de formación y orientación laboral con el fin de «terminar» con la política de subcontratación.

Respecto a las iniciativas de cara al departamento de Desarrollo Económico, el sindicato considera que el Ejecutivo debe «velar por la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo en los diferentes centros de trabajo».

En esta línea, ha denunciado la existencia de una estructura «para enchufar a los afiliados y afiliadas en determinadas empresas industriales camuflados en servicios de formación y orientación laboral» por parte de UGT y CCOO.

Además, ha considerado «fundamental» realizar un estudio sobre el impacto que ha tenido la financiación de UGT y CCOO en los resultados de las elecciones sindicales.