La Cámara navarra ha aprobado una moción que insta a modificar «de manera urgente» el artículo 573 del Código Penal español y la calificación de «terrorismo» que en él se da. Una definición que la ONU entiende que «es excesivamente amplia e imprecisa» y que «podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo». En concreto, este artículo prevé penas de prisión de 10 a 15 años «si se causaran lesiones, se amenazara o coaccionara a una persona».

La iniciativa impulsada por las cuatro formaciones que sustentan al Gobierno foral, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, ha contado con el apoyo de estos grupos y el rechazo de UPN, PSN y PPN.

El texto, que será remitido a la Mesa del Congreso español y del Senado, ha sido defendido por Unai Hualde (Geroa Bai), quien ha considerado oportuno abrir este debate ahora que no hay una mayoría absoluta del PP y es «matemáticamente posible revertir excesos del pasado de una legislatura negra».

Tras señalar que numerosas personalidades han cuestionado esos cambios legales, ha apuntado que hay razones de peso para propiciar este debate desde Nafarroa. Ha agregado que además en la Comunidad foral se viven de «primera mano las consecuencias de injusticia de ese artículo y el ejemplo está en Altsasu».

Y es que esta legislación ha posibilitado que se atribuya delito de «terrorismo» a los jóvenes de Altsasu por la trifulca con dos guardias civiles el pasado mes de octubre en un bar de esa localidad, una acción «rechazable por la mayoría de esta Cámara», ha reconocido, pero que, ha aseverado, «no es terrorismo».

En este sentido ha remarcado que en «cualquier otro lugar del Estado, conllevan una sanción penal común por lesiones o atentado a la autoridad» y aquí se habla de penas de hasta 15 años de cárcel.

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, tras solidarizarse con los jóvenes y pedir su libertad, ha considerado una «aberración» que una trifulca se trate como delito de terrorismo. «No todo vale en un estado de derecho», ha remarcado.

Rubén Velasco (Podemos) no ha augurado un futuro esperanzador a esta moción, ya que recientemente se presentó en el Congreso español una iniciativa en esta línea que no prosperó. Ha denunciado que los recortes de libertades del PP suponen «una nueva vuelta de tuerca con el terrorismo yihadista» y ha cuestionado la actuación judicial en el «incidente tabernario» de Altsasu.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha considerado necesario corregir ese «disparate jurídico», que «sitúa al sistema penal español en márgenes de excepción y abuso». «No es un Código Penal democrático», ha indicado.

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte, quien se ha remitido a lo que digan los jueces respecto a los citados jóvenes, ha apuntado que «hay legislaciones internacionales que no cuestionan que pueda existir terrorismo en ausencia de organización activa» y ha opinado que esta iniciativa «responde a la pretensión de EH Bildu a que no se castigue a quienes agredieron a cuatro personas en Alsasua».

Por su parte, Inmaculada Jurío, del PSN, ha pedido que «no se interfiera en los procesos judiciales» y ha manifestado que su partido apoyó esta reforma porque «el PSOE tiene sentido de Estado» y en ese momento «había que responder al terrorismo yihadista».

Ana Beltrán (PPN) ha sostenido que el artículo que se quiere modificar no es difuso, «bien claro», ha criticado que se ponga en tela de juicio el criterio de la jueza Audiencia Nacional y ha dicho que la «agresión brutal» de Altsasu se debió a la condición de guardias civiles y tenía como objeto «sembrar odio y miedo».