Ambas formaciones, EH Bildu y Elkarrekin-Podemos (EP), muestran su desacuerdo con la decisión que ha tomado Lakua de subir la RGI en función del IPC, que solo aumentó un 1,5%. Indican que al hecho de no subir el 8% (en base al Salario Mínimo Interprofesional, SMI) se le añade la gravedad de que por séptimo año consecutivo se acumula otro 7% de reducción, por lo que en total la pérdida del poder adquisitivo es de un 15%.

La coalición soberanista ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que aumente el 8% las prestaciones. EP la apoya completamente y está pendiente de que se lleve el debate a pleno.

La parlamentaria independentista Nerea Kortajarena recuerda que el artículo 20 de la ley vincula la RGI y el SMI, con el propósito de establecer «una garantía justo para evitar lo que está sucediendo ahora. Se buscó marcar claramente esa referencialidad de manera que la cuantía de las prestaciones no quedara supeditada a las necesidades o la voluntad de los gobiernos. Era una garantía de justicia y solidaridad, por lo que su cambio unilateral es grave». Más aún teniendo en cuenta que semanas antes los grupos con representación en la Cámara decidieron que se tenía que dar un debate extenso y tranquilo sobre la RGI y que había que hacer el camino desde el acuerdo, ya que esta prestación tuvo desde su nacimiento un amplio consenso.

A EH Bildu también le preocupan «los mensajes que se han utilizado para justificar la no subida del 8%. Se criminalizan los receptores de las ayudas y se difunden rumores sobre ellos. Parece que si se diera ese aumento de alrededor de 50 euros caerían en la holgazanería. Eso es muy grave porque estamos hablando de personas que viven en una situación muy vulnerable y que son invisibles en nuestra sociedad». En ese sentido, denuncia «el daño que hace la campaña de desprestigio y criminalización que llevan a cabo ciertos medios de comunicación».

Mientras tanto, «se esconden a propósito» otras realidades, como que muchos receptores de la RGI (el 19,5%) son trabajadores y otros muchos pensionistas. «Eso significa que tienen otras fuentes de ingreso pero que no les llega. La RGI ha funcionado durante años como una gran tirita que tapa las carencias del mercado laboral y del sistema de pensiones».

Herramienta para la cohesión social

Kortajarena reivindica la RGI como una herramienta para la cohesión social y para que las personas que en un momento dado no llegan a los ingresos mínimos puedan vivir de manera digna. Defiende que es fundamental revisar y repensar esta ayuda y toda la protección social para adecuarse a la realidad actual, así como para fortalecer un sistema que se está «debilitando». En 2012, junto con el recorte del 7%, se endurecieron las condiciones para recibir la RGI. Además, «muy pocas personas conocen sus derechos y muy pocas los tienen interiorizados como tales. Como consecuencia, no se piden». Por ejemplo, solo 16.000 pensionistas solicitan en la CAV este complemento.

Al igual que Nerea Kortajarena, Tinixara Guanche (Elkarrekin-Podemos) también considera que el sistema de protección es un derecho de la población que se está tambaleando. «Siempre cuento que soy canaria, que llevo 10 años viviendo en Euskadi y que cuando llegué esto me parecía el paraíso, pero en el tiempo que llevo estoy viendo cómo se va poco a poco precarizando».

Esto le preocupa porque «se trata de una cuestión de voluntad política. PNV y PSE precarizan a quien lo está pasando peor. Sin embargo, hay un aumento bastante grande en los presupuestos de este año, por ejemplo para pagar a altos cargos (+12,2%)».

Desde Elkarrekin-Podemos tratan de presionar para reclamar la subida del 8% que entienden «es de justicia». En el pleno de la semana que viene presentarán una iniciativa para poner en marcha una campaña informativa sobre el acceso al derecho subjetivo de servicios sociales.

Ve que hay «una falta de liderazgo del Gobierno y, al mismo tiempo, mucha confusión, mucha desinformación y pocos recursos. Si tenemos una ley potente, innovadora, que nos pone a la cabeza, tenemos que pelear para que no se pierda». También entiende que, tras siete años de su aprobación, debería estar mucho más desarrollada.