El sindicato LAB afirmó ayer que el Gobierno navarro está dando pasos atrás en el modelo de prevención de riesgos laborales, que era una de las patas fundamentales con la que UPN mantenía la estructura clientelar con los sindicatos UGT y CCOO. Igor Arroyo censuró que el Ejecutivo de Uxue Barkos externalice de nuevo la estrategia en prevención de riesgos laborales en lugar de asumirlos con sus propios medios y presentó pruebas de unas presuntas negociaciones con UGT y CCOO, que les podrían haber servido para afrontar el concurso público en una situación de ventaja.

El Gobierno aprobó una resolución el 2 de marzo para sacar a concurso subvenciones destinadas «a asociaciones sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos sobre riesgos laborales» por valor de 850.000 euros. En años anteriores, esta labor se adjudicaba directamente a CCOO y UGT vía convenio. Esta práctica era ilegal, ya que Madrid obliga a que todas estas partidas y, en particular, las que hacen referencia a la formación de trabajadores y desempleados, salgan a concurso público.

LAB considera que el Gobierno no tiene ninguna necesidad de externalizar y que el sitio natural para desempeñar las tareas de prevención es el Servicio Navarro de Salud Laboral.

Aunque ahora el Gobierno sí que ha entrado a cumplir la legalidad en tanto que ya no hay adjudicación directa, LAB tiene serias dudas de cómo se ha planteado el nuevo concurso. En concreto, ha trasladado a la prensa una circular interna de UGT en las que parece que el sindicato ya tiene conocimiento de que va a tener lugar un concurso para desarrollar los planes de seguridad que antes se les adjudicaban a dedo.

Se trata de una circular en la que UGT señala que «se espera que para el mes de febrero poder disponer de una estructura mínima de asesoramiento a través de un Convenio que se espera obtener con el Gobierno».

LAB considera que el tener conocimiento de la salida de unas subvenciones como estas puede suponer una gran ventaja a la hora de competir, sobre todo cuando el departamento que dirige Manu Ayerdi pone después unos plazos tan cortos para que se presenten los candidatos. En concreto, el plazo que da la comentada resolución es de tan solo 20 días naturales.

Por todo ello, LAB pide al Gobierno que retire el concurso público y utilice esos fondos para hacer una gestión directa.