A solo unas horas de que a medianoche de ayer entrara en vigor el nuevo decreto antiinmigración de Donald Trump, el juez federal de Hawai Derrick Watson dictaminó la suspensión temporal durante 14 días de la orden para evitar «un perjuicio irreparable».

Poco después, el juez Theodore D. Chuang, de Maryland, se sumó al bloqueo del decreto centrándose en una de las partes del veto migratorio de Trump, la suspensión de la emisión de visas para los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Estos dos tribunales han dado la razón a varios estados con Gobierno demócrata y colectivos sociales que habían denunciado el decreto por discriminatorio con los musulmanes.

Como respuesta a este nuevo revés, Trump denunció una justicia «politizada», un «abuso de poder sin precedentes» y un golpe a su política que «hace parecer más débil» a Estados Unidos.

Al igual que hizo con la suspensión del primer decreto el pasado 3 de febrero, Trump prometió continuar la lucha ante los tribunales. «Vamos a llevar este asunto tan lejos como haga falta, hasta el Tribunal Supremo. Vamos a ganar. Vamos a proteger a nuestros ciudadanos cueste lo que cueste», afirmó.

E insistió en el argumento de que «la ley, según la Constitución, da al presidente el poder de suspender la inmigración cuando estime que afecta al interés nacional de nuestro país». En los últimos días, también los secretarios de Estado, Rex Tillerson; Justicia, Jeff Sessions, y Seguridad Interior, John Kelly, habían defendido el texto califi- cándolo de «vital» para la seguridad nacional.

El decreto revisado había sido presentado por el presidente como inatacable en el plano jurídico al haber eliminado algunos de sus elementos. Pero el maquillaje no convenció a los magistrados. El texto prevé cerrar temporalmente las fronteras a refugiados de todo el mundo y suspender los visados durante 90 días a seis países musulmanes, un grupo del que Trump ha excluido ahora a Irak y a los residentes permanentes.

«Un observador objetivo debe concluir que este decreto ha sido dictado con el fin de perjudicar a una religión determinada», señaló el juez de Hawai en su resolución. «Es la concretización de la prohibición, anticipada hace tiempo, de entrada (a EEUU) a los musulmanes», afirmó el magistrado de Maryland, que solo dejó sin efecto la parte del texto referida a la suspensión de visados para seis países musulmanes. Watson añadió que la suspensión temporal del decreto, que supone «pruebas significativas e irrefutables de animosidad religiosa», evitará «perjuicios irreparables».

Ambos dijeron fundar sus decisiones en las declaraciones previas de Trump y de sus asesores.

La suspensión del primer decreto, emitido el 27 de enero, provocó el caos en aeropuertos y suscitó protestas dentro y fuera del país. Su aplicación entonces fue bloqueada por un juez de Seattle, James Robart, que también debe ahora emitir su decisión sobre el segundo decreto, aunque la de Hawai se impondrá al resto de tribunales.

Gana el Ejército, pierde la ayuda exterior

Donald Trump propuso ayer, en su primer presupuesto, una drástica bajada de los recursos destinados a la diplomacia, la ayuda exterior y el medio ambiente para compensar un espectacular aumento de los gastos militares. Aunque no sea aprobado en su integridad por el Congreso, concreta en cifras el programa del presidente de EEUU, que resumió en «un mensaje al mundo sobre la fuerza y la determinación de América». El aumento de 54.000 millones de dólares previsto para Defensa (casi un 10%) y los gastos de seguridad en la frontera con México se acompañan de una bajada notable en el Departamento de Estado (un recorte del 28%) y en fondos para la protección del medio ambiente (un 31% menos). Además de poner fin a la participación en el Fondo Verde para el Clima de la ONU, Trump plantea recortar 2.600 millones a la Agencia de Protección del Medio Ambiente, suprimiendo 3.200 empleos. La contribución a la ONU se reducirá en general y EEUU no contribuirá con más del 25% a las operaciones de paz.GARA