El juicio comenzó el pasado 4 de abril y fue interrumpido tan sólo dos horas después, después de que la corte electoral diera más plazo a la defensa y citara a nuevos testigos.

La máxima autoridad electoral reservó cuatro sesiones entre el 6 y el 8 de junio para reanudar el proceso, que debe determinar si hubo ilegalidades en la financiación de la campaña de la expresidenta Dilma Rousseff en 2014, de la que el actual mandatario, Michel Temer, fue vicepresidente.

Temer sustituye a Rousseff desde el pasado 31 de agosto, cuando la ahora expresidente fue destituida en un juicio político por unas irregularidades en las cuentas públicas, pero podría también perder el cargo en caso de que el TSE constatase dichas ilegalidades.

En ese eventual caso, el Congreso debería hacer una elección indirecta para escoger al que completaría el período que concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, Temer conservaría el cargo hasta que se juzguen todas las apelaciones que establece la ley, que comienzan en la propia justicia electoral y pueden llegar al Tribunal Supremo, en su condición de corte constitucional.

Temer ha expresado en diversas ocasiones que recurrirá a la última instancia y confía en que esos lapsos procesales le permitirían concluir el mandato y entregar el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.

Denuncia de su aliado PSDB
La denuncia que podría desalojar del poder a Temer fue presentada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), perdedor en las elecciones presidenciales de octubre 2014 y que paradójicamente hoy es su aliado en el Ejecutivo.

La demanda se refiere a supuestas donaciones recibidas por Rousseff y Temer para la campaña de 2014, cuando fueron reelegidos, que habrían salido de la red de corrupción que operó en Petrobras y concretamente del grupo Odebrecht, implicado en esa trama.

Según ha confesado Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, su grupo donó para las campañas de Dilma alrededor de 150 millones de reales (hoy unos 43,6 millones de euros) y que al menos una tercera parte de ese dinero tuvo origen en la corrupción.

La defensa de Temer ha insistido en que el actual presidente no conocía el entramado y por ello llegó a solicitar que sus cuentas sean separadas de las de Rousseff