El hecho de que el presidente que llegó al poder con el lema «ni corrupto ni ladrón» afronte ahora su crisis más grave en dos años por su intención de expulsar a quien dirige uno de los símbolos contra la corrupción no deja de ser una grotesca paradoja que simboliza el nivel al que ha llegado la política en Guatemala.

Jimmy Morales, elegido en diciembre de 2015, se encuentra en un callejón sin salida. Pero parece decidido a morir matando. Sus pasos en las últimas 72 horas evidencian su aislamiento y también un alto nivel de inconsciencia. Su cruzada contra Iván Velásquez, principal responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), deja el país en un estado de incertidumbre y su breve carrera política pendiendo de un hilo. Llegados a este punto, quizás no le quedaba otro camino ante el riesgo de terminar enjuiciado y en prisión. Resulta difícil prever qué ocurrirá en los próximos días, con un jefe de Gobierno atrincherado, unas élites que, en su mayoría, no han dado un paso para apoyarlo y una calle que despierta pero que, por el momento, no termina de estallar como hace dos años.

El fin de semana ha sido vertiginoso. Ninguno de los elementos que aparecen en esta sucesión de acontecimientos es novedoso pero existe una sensación de incredulidad, de ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

El viernes, Jimmy Morales viajaba hacia Nueva York para reunirse con Antonio Gutérrez, secretario general de la ONU. Ya le acompañaba la rumorología de que el viaje buscaba deshacerse de Velásquez. Había ambiente de conspiración en la capital. La Cicig no es una institución cualquiera. Hablamos del ente que estuvo detrás del señalamiento a Otto Pérez Molina, anterior presidente y actualmente encarcelado, y goza de gran credibilidad. Desde la izquierda se ha insinuado que se trata de una institución al servicio de EEUU. Sin embargo, ante los ataques de la derecha conservadora y militarista, la sociedad civil siempre termina erigiéndose como su defensora.

Mientras Morales se reúne con Gutérrez, Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, anuncian que pedirán antejuicio contra el presidente, lo que significa que solicitan permiso para investigarle. Previamente, la responsable del Ministerio Público ya había advertido que si el comisionado era expulsado, ella dimitiría. Todo se enmaraña. Según explicaron los funcionarios anticorrupción, el motivo de las pesquisas sobre Morales está en los fondos que recibió su partido, FCN-Nación, durante la campaña de 2015. Su hijo y su hermano también están siendo investigados, pero por otro escándalo de facturación ilegal.

El sábado, alrededor de 2.500 personas se concentraron ante la plaza de la Constitución de Guatemala respaldando a Velásquez y exigiendo la salida de Morales. Desde el gobierno todavía se intentaba mantener la ficción de que el presidente no había exigido la destitución del comisionado de la Cicig.

El domingo se desató el terremoto. A las seis de la mañana, a través de Twitter. Morales emitió un mensaje en el que declara «non grato» a Velásquez y exigía su salida del país. Un movimiento desesperado que provocó una catarata de abandonos en su propio gabinete. Al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad avalaba un amparo presentado para blindar al comisionado, por lo que se deja sin efecto la orden de expulsión. Comienza a extenderse el rumor de que, ante el veto de los magistrados, el presidente estaría dispuesto a decretar el estado de sitio. La filtración de una orden cursada a todas las unidades de la Policía Nacional Civil en la que se suspendían todos los permisos y se ordenaba el acuartelamiento inmediato, encendieron todas las alarmas. El Ejército, sin embargo, no recibió la misma orden. Es evidente que Morales se ha planteado dar un golpe de mano autoritario. Así trataría de prevenir un estallido como el de 2015, que fue determinante en la salida de Pérez Molina. Hay que recordar que el expresidente, que es militar, no recurrió a los uniformados. Así que resulta difícil creer que el excomediante que ostenta el poder en Guatemala tenga el aval de los cuarteles para suspender las garantías constitucionales. En un país tan marcado por las intervenciones militares y con un ejército que cuenta con un historial sanguinario, estos son rumores que no pueden tomarse a la ligera.

Llegados a este punto, existen pocas certezas sobre cómo puede evolucionar la situación. Morales está prácticamente solo. Únicamente tiene el apoyo de la extrema derecha, representada por asociaciones de exmilitares y la Fundación contra el Terrorismo, que se apuntan a discursos como que la Cicig sirve a un plan pensado para convertir Guatemala en «otra Venezuela». Ni siquiera el Cacif, la patronal, ha realizado un pronunciamiento de aval expreso. A nivel internacional, hasta EEUU le ha dado la espalda. En un país en el que Washington siempre mueve los hilos.

Quizás la principal lección de este terremoto es que, sin modificar las estructuras del país, el discurso anticorrupción termina convirtiéndose en el mito de Sísifo, condenado a regresar al punto cero. No parece que Morales esté en disposición de continuar, pero está por ver si existe una alternativa creíble. Y también, hasta dónde está dispuesto a tensar la cuerda.