El documento contiene 213 medidas y prevé un presupuesto de 1.000 millones de euros durante cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, Podemos y EH Bildu entienden que no existe garantía de que el texto vaya a ser implementado.

El debate celebrado en la Cámara Baja ha sido presenciado desde la tribuna de invitados por asociaciones de mujeres y víctimas de violencia. Entre ellas Ruth Ortiz, exmujer de José Bretón, quien asesinó a sus hijos como venganza hacia ella. Precisamente, la última medida incorporada al acuerdo, a instancias del PSOE y apoyada por todos los grupos, es considerar como víctimas de violencia de género a las madres cuyos hijos han sido matados por sus padres.

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha calificado de «histórico» el acuerdo. Durante el debate se ha instado insistentemente a la unanimidad, al considerar el pacto útil en la lucha contra la violencia machista, aunque Unidos Podemos ha decidido mantener la abstención por ser «insuficiente» y no estar garantizadas presupuestariamente las medidas.

De hecho, otros grupos como el PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto han reclamado también al Gobierno que disponga las partidas necesarias para que puedan aplicarse todas las medidas. Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, ha declarado que tiene «serías dudas» de que las medidas se puedan implementar, por falta de fondos.

La diputada del PSOE Ángeles Álvarez ha recordado al Ejecutivo que para desarrollarlas «no cabe una gestión relajada, ni recortes de fondos». También Patricia Reyes, de Ciudadanos, ha reclamado al Gobierno que destine de «manera efectiva y eficiente» el dinero preciso. Sofía Fernández, una de las portavoces de Unidos Podemos, ha justificado la abstención porque el pacto «es de mínimos, no es feminista y no soluciona el problema. No nos vale porque no tiene garantías».

Algunas medidas

La ampliación de la definición de violencia de género es una de las propuestas. Ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.

El resto de medidas son preventivas y judiciales en su mayoría, como la supresión del atenuante de confesión y la de la reparación del daño en delitos de violencia machista; un plan de acompañamiento judicial personalizado a la víctima o no considerar únicamente como delito leve las injurias y calumnias a través de las redes sociales.

El pacto contempla también que la custodia compartida en ningún caso se imponga en estos casos e introducir en las escuelas contenidos para la prevención.

Ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de este tipo de violencia de género en los acontecimientos deportivos es otra de las iniciativas.

Además están la de mejorar la detección precoz de los casos en los centros sanitarios, y la situación de las mujeres víctimas sin empleo.