El operativo contempla que una patrulla uniformada acuda a cada uno de los puntos de votación que estén ubicados en edificios y locales públicos –en total unos 2.300– y requisen urnas y papeletas antes de las 6.00 del domingo.

Se identificará y comunicará a las personas en el interior que lo tienen que desalojar y se procederá a su cierre, aunque en el caso de que no sea posible por el tipo de actividad –centros de atención primaria y residencias de ancianos–, se advertirá a las personas identificadas que tienen que abandonar la actividad.

En el caso de que haya personas concentradas en el interior o el exterior del edificio que impidan el acceso de la dotación policial o no permitan que esta pueda llevar a cabo acciones de identificación y comprobación, lo comunicarán a la sala de mando y lo harán constar en acta, puntualizando si hay personas «vulnerables».

Será la sala de coordinación regional la que decidirá si se activan más recursos de seguridad ciudadana, mediación y si es necesario pedirá colaboración a la policía local.

Una vez llegue la hora de apertura de los colegios electorales, una dotación uniformada se colocará en el acceso del local para impedirlo, y si cuando llegue la patrulla hay gente dentro, se comprobará que están preparando el referéndum, se identificará a las personas presentes, se requisará el material y se las desalojará.

En el caso de que haya personas concentradas que impidan que la policía entre o que pueda cerrar el punto de votación, se elevará a las salas de mando que serán las que decidirán si envían efectivos antidisturbios.

Este criterio se mantendrá si, a lo largo del día, en un colegio vigilado por la policía, la presencia masiva de personas puede desbordar a los agentes que custodian la puerta y abrir el colegio.

El mayor ha ordenado limitar el uso de la fuerza. Trapero pide que todas las actuaciones se rijan por los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad, y deberá imperar «la contención y la mediación de cara a contribuir a facilitar el mantenimiento de la paz social y la convivencia».

El máximo responsable operativo de Mossos ordena que en situaciones de resistencia pasiva no se podrá ir más allá de acompañar a las personas hasta el exterior del centro o para permitir abrir un pasillo que deje acceder a la policía para hacer las comprobaciones y acciones ordenadas por el auto judicial.

«En ningún caso se usará la defensa policial, extensible, u otros elementos de naturaleza similar para llevar a cabo estas acciones», prosigue. En caso de agresiones a terceros o a la propia policia se podrá actuar para evitarlas, pero limitando la acción a los protagonistas de estas agresiones «y nunca de manera generalizada».