Vaya por delante que en el actual escenario político veo muy difícil –que no imposible– que el PNV acabe apoyando los presupuestos de Mariano Rajoy. Por un lado, porque no creo que la intervención del Estado en Catalunya esté resuelta antes del 24 de mayo, cuando debería producirse la votación definitiva en el Congreso de los Diputados. Aunque para entonces hubiera un Govern y el Ejecutivo español hubiera levantado formalmente la usurpación de poder que supone artículo 155; seguirá habiendo políticos catalanes en la cárcel y en el exilio, y la Guardia Civil continuará persiguiendo sediciosos, rebeldes o terroristas, según la terminología del momento, y el juez Llarena o la jueza Lamela no pararán de poner sus togas por encima de la soberanía de las instituciones catalanas. Esa va a ser una página costosa de pasar, porque afecta a las libertades, a la democracia y al debate del nuevo estatus. Pero si se pasara, no está nada claro que el EBB quiera retratarse junto al Mariano Rajoy contra el que se movilizan las y los pensionistas y que cada vez dependerá más de los cálculos y las encuestas que maneje Albert Rivera. Dicen que el PNV no va a querer unas elecciones anticipadas en las que crezca Ciudadanos; como si la demora de los comicios y que Rajoy acabe la legislatura les garantizara un horizonte mas halagüeño a los jeltzales.

Pero si incluso en esas condiciones el PNV optara por entrar a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con el Gobierno del PP, desde ayer tiene mucho más complicado decir que lo hace para defender «la agenda vasca» o «los intereses de Euskadi», puesto que el Parlamento Vasco –según repite el lehendakari, Iñigo Urkullu– «representa a la Comunidad Autónoma Vasca y a la sociedad vasca», y ha acordado que no se pueden aprobar estas cuentas de Rajoy, aunque se ofrezcan unos cuantos millones más para inversiones en cemento en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Inversiones, por cierto, que después están muy lejos de cumplirse. La propia parlamentaria jeltzale Josune Gorospe recordó en el pleno del Parlamento de ayer que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, respondió con un «menos propaganda» a los anuncios de incremento de gasto estatal en la CAV, y que el lehendakari anunció que su Gobierno estaba evaluando el grado de cumplimiento de lo anunciado en los PGE del 2017.

El PNV hará balance de costes y beneficios: represión en Catalunya, recentralización, acuerdos incumplidos, pensionistas en la calle y va el Parlamento y le marca la agenda.