Con hora y cuarenta y cinco minutos de reunión, y tras el encuentro preparatorio que la ministra Meritxell Batet y el consejero Josu Erkoreka mantuvieron el viernes, daba la impresión de que la cita en la Moncloa entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, podía servir para anunciar algún acuerdo concreto. Pero tampoco cabe olvidar que era la primera de una ronda con todos los presidentes autonómicos, así que quizá a Sánchez no le convenía abrir un precedente.

Así que, oficialmente y ante los medios, todo quedó en la inauguración de una «relación institucional normalizada» entre ambos gobiernos y la creación de tres grupos de trabajo sobre política penitenciaria, transferencias pendientes y recursos ante el Tribunal Constitucional presentados por el Ejecutivo español contra leyes del Parlamento de Gasteiz, empezando por la Ley sobre la Violencia del Estado.

Además, en la reunión se trataron la situación económica y la creación de empleo, el futuro de Europa y la cuestión de las migraciones.

En todo caso, abrir una «dinámica de trabajo estable y constructiva» –según la definió el lehendakari– con un ambiente «cordial y positivo» no es poco cuando, desde que Iñigo Urkullu fue investido en esta legislatura, no había conseguido tener una reunión oficial con Mariano Rajoy, pese a las múltiples solicitudes cursadas.

«Buena sintonía durante este primer encuentro y voluntad para trabajar juntos por la convivencia en nuestro país», dejó escrito Pedro Sánchez en Twitter tras el largo encuentro con el lehendakari.

Seguridad Social sin prioridad

Uno de los anuncios realizado por el lehendakari a la salida de la reunión fue la próxima creación de «un grupo de trabajo bilateral y permanente para avanzar en el análisis y negociación de las 37 transferencias contempladas en el ‘Informe de Transferencias Pendientes’ aprobado en el Parlamento Vasco en septiembre del año pasado».

En la nota de prensa de Lehendakaritza se afirma que «se priorizará el estudio de tres materias que se encuentran más avanzadas como las autopistas A-68 y parte de la A-1, Puerto de Pasaia y Centros Penitenciarios. En el corto plazo se abordarán los traspasos de ferrocarriles que dan cumplimiento a una sentencia del TC», para lo que se prevé la convocatoria en julio de la Comisión Mixta de Transferencias.

Cabe recordar que el programa de Gobierno Iñigo Urkullu recoge que, con el «apoyo» de los dos partidos que lo conforman, su Ejecutivo «reservará un lugar prioritario a la reclamación y negociación» de la transferencia de «centros penitenciarios» y la «gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en los términos de la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika».

Sin embargo, en la comunicación que se hizo tras la reunión de ayer, esta segunda competencia no aparece ya como prioridad. Consultadas fuentes de Lehendakaritza al respecto, explicaron que está incluida dentro del grupo de trabajo de las 37 transferencias.

Lehendakaritza prevé que en esta comisión de trabajo «a medio plazo se analizarán los trabajos desarrollados por la Ponencia de Autogobierno con el objetivo de su actualización y profundización».

En esta materia, el lehendakari apuntó haber trasmitido a Pedro Sánchez la necesidad de una reflexión sobre el actual modelo de Estado que asuma la «plurinacionalidad» y que reconozca los «hechos diferenciales que demandan un tratamiento propio y singular».

Iñigo Urkullu se refirió a «la posibilidad de explorar la vía de una ‘convención constitucional’», en la que se apueste por un «constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos». Según afirmó, «no hemos hablado de ruptura, sino de convivencia desde el respeto mutuo».

«Superar la excepcionalidad»

El lehendakari Urkullu anunció que había trasmitido al presidente del Gobierno español la necesidad de «un nuevo enfoque para la política penitenciara» tras la desaparición de ETA. Propuso «una nueva política que supere las medidas de excepcionalidad» para, «como establece la legislación penitenciaria y la propia Constitución, evitar el desarraigo social de las personas penadas y facilitar su reinserción».

Iñigo Urkullu entregó a Pedro Sánchez los documentos ‘Hitzeman’, ‘Zuzenbidean’ y la ‘Propuesta para una reorientación legal de la política penitenciaria y el acercamiento de personas presas’. Según informó el lehendakari, el presidente del Gobierno español recibió estos planes de Lakua con «cautelas» que dijo «entender» y que están relacionadas con la memoria de las víctimas del terrorismo.

Ambas partes también crearán un grupo de trabajo para esta materia, aunque no se han fijado todavía ni un calendario ni un horizonte temporal.

Elogios de Sánchez a Urkullu

Fuentes del Gobierno español trasmitieron ayer elogios a la agenda «muy práctica» con la que Iñigo Urkullu se presentó en la reunión y aseguraron que la conversación con el presidente Sánchez fue «muy franca». Añadieron que los dos dirigentes coinciden en la necesidad de rebajar el actual nivel de conflictividad.

El lehendakari abrió así esta ronda de reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos. El próximo en la lista –establecida por orden de antigüedad de los estatutos de autonomía– será el president de la Generalitat, Quim Torra, quien acudirá a la Moncloa el próximo 9 de julio.

Loza: «Pasar de la política antiterrorista a la de convivencia»

Mientras, en Gasteiz Jesús Loza tomó ayer posesión de su cargo de delegado del Gobierno español en la CAV dando muestras de un cambio de talante en la institución, abogando por resolver a través del pacto las diferencias que da por hecho que surgirán entre los ejecutivos de Lakua y Madrid, y defendiendo que la política penitenciaria pase de la clave antiterrorista a la de la convivencia, todo ellos deslizando indisimuladas críticas a Sortu en materia de memoria y relato.

Al acto acudieron el antecesor de Jesús Loza, Javier De Andrés; tres consejeros del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, Estefanía Beltrán de Heredia y Alfredo Retortillo; el Ararteko, Manu Lezertua; y mandos de las FSE y del Ejército español, además de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y otros cargos de este partido.

En su discurso, Jesús Loza dedicó un amplio espacio a la política penitenciaria, y recordó que «ha formado parte siempre de la política antiterrorista. También la Vía Nanclares». Pero sostuvo que, «vencido el terrorismo y desaparecida la banda, no tiene sentido mantenerla dentro de la política antiterrorista, y sí, a mi juicio, situarla dentro de las políticas de convivencia».

Afirmó que a su juicio, la política penitenciaria que más puede ayudar a la convivencia «debiera ser una política que buscase la reinserción, que cumpliese escrupulosamente la ley y que pusiera en marcha medidas de apoyo y acompañamiento al itinerario de reinserción».

El nuevo delegado español puso como ejemplo «el acercamiento progresivo e individualizado de presos, algo que no es una novedad, o las variaciones de régimen penitenciario en función de los avances individuales de cada penado en ese itinerario»

Jesús Loza concluyó que «para llevarlo a buen puerto considero que es importante tener en cuenta la experiencia de la ya mencionada Vía Nanclares: Liderazgo político, consenso institucional y partidario, información a las víctimas, cumplimiento de la ley, individualización de las decisiones, progresividad y discreción». También recalcó que su «prioridad» son las víctimas y la mejora de las medidas para reconocerlas y repararlas.I.I.