Las espadas siguen en alto en el conflicto laboral en el Grupo Tubos Reunidos. Su presidente, Guillermo Ulacia, insiste en su plan de recolocación de entre 40 y 50 trabajadores de Productos Tubulares (PT) en la fábrica de Amurrio –donde no se renovaría a los eventuales–, acompañada de una bajada de sueldos del 25%. La dirección espera una respuesta «inmediata», antes de final de mes, mientras asegura que no plantea más medidas para la planta alavesa, declaraciones en las que no confían LAB y ESK, que denuncian que la compañía aguarda a reestructurar la factoría de Trapagaran para acometer nuevos recortes.

Ambas centrales, confiesan, que la posición de los trabajadores se ha debilitado a raíz de que decidiesen volver al trabajo después de mes y medio de huelga.

Estas secciones sindicales se concentraron ayer ante el Museo Guggenheim, en Bilbo, donde tuvo lugar la Junta de Accionistas del Grupo Tubos Reunidos. A la entrada de los directivos, les entregaron una carta en la que solicitaron medidas «reales y efectivas» que ayuden a dar viabilidad al grupo, «teniendo bien claro que esta solución no va a pasar por el recorte de derechos de la plantilla».

LAB y ESK abogan por una ampliación de capital o una inyección de liquidez, así como un plan industrial «real», recordando los «ingentes» beneficios de la última década. El principal accionista es el BBVA, con un 14%. ELA, a través de un comunicado, también exigió a los accionistas y a Ulacia que desistan en su intención de optar por los recortes salariales, merma de las condiciones de trabajo y flexibilidad en Productos Tubulares.

En la planta de Tubos Reunidos Industrial observan con preocupación la situación de su filial de Trapagaran, al tiempo que denuncian que llevan celebradas 26 reuniones «sin el más mínimo avance» en la negociación del convenio.

La pretensión de la dirección, así lo dijo su presidente, es extender la flexibilidad a todo el grupo tubero, porque han decidido fabricar solo contra pedidos, cuando los haya, para evitar aumentar los stocks y con ello la deuda del grupo, que se situó a final del ejercicio en 212,9 millones de euros.

La empresa ha retornado a los números rojos, de 8,6 millones en el primer trimestre del año, a pesar de que sigue vendiendo bien: en el mismo periodo la cifra de negocio fue de 81 millones, un 1,2% más que entre enero y marzo de 2017.

«Si hay flexibilidad, podremos compensar las posibles pérdidas por los aranceles, si no lo hacemos, pondremos en riesgo la viabilidad de la compañía», subrayó Ulacia en un mensaje a los sindicatos.

En medio del ultimátum a los representantes de los trabajadores, Guillerno Ulacia insistió en dibujar un escenario de incertidumbre ante el arancel del 25% impuesto por EEUU. Eso se traduce en su implementación al precio de los tubos, aunque el presidente no se atrevió a aventurar cómo afectará a la demanda, apuntando a una tendencia a la baja de los precios en el resto de mercados.

El consejero delegado de Siemens Gamesa aguarda a que se clarifique el futuro de las renovables

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, cree que se debería clarificar el escenario, a partir de 2021, para las renovables en el Estado español con el objeto de que las empresas puedan definir sus inversiones y construir un mercado que tenga «continuidad», sin «paradas y marchas».

Tacke participó ayer en el Forum Europa Tribuna Euskadi, en el que señaló que el mantenimiento de su sede en Zamudio no está «en discusión» y destacó la «buena cooperación» con su socio Iberdrola, que, apuntó, habló «con mucha crudeza» en los primeros momentos tras la fusión de las compañías cuando no se obtenía el «rendimiento» esperado.

Respecto al plan para despedir a 6.000 personas en la compañía, aseguró que, aunque no le gusta, «no se trata solo de una reducción, sino de una transformación de la empresa». Desveló que, en dos meses, en el Estado español se han creado 200 nuevos puestos.