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Acusación particular, Gobierno y Ayuntamiento estudian recurrir la libertad del guardia civil

La acusación particular ejercida por la víctima de ‘La Manada’, el Gobierno de Nafarroa y el Ayuntamento de Iruñea estudian recurrir el auto por el que la Audiencia del herrialde ha decidido mantener en libertad provisional al guardia civil Antonio Manuel Guerrero, pese a su intento de renovar el pasaporte.

Movilización en Iruñea para denunciar la decisión de poner en libertad provisional a ‘La Manada’. (Idoia ZABALETA/FOKU)
Movilización en Iruñea para denunciar la decisión de poner en libertad provisional a ‘La Manada’. (Idoia ZABALETA/FOKU)

Desde la representación letrada de la víctima han señalado a Europa Press que todavía no han tenido tiempo de analizar en profundidad el auto, que les ha sido notificado esta misma mañana, si bien han apuntado que sí barajan presentar un recurso.

El auto de la Audiencia de Nafarroa puede ser recurrido mediante recurso de súplica ante el mismo tribunal en el plazo de tres días hábiles.

Recurso de súplica

Por su parte, el Gobierno de Nafarroa «no comparte» la decisión de la Audiencia y trabaja ya en un «posible recurso de súplica» a esta resolución.

Así lo ha señalado la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, en una conferencia de prensa de balance de su tercer año al frente del departamento, donde ha reconocido que resoluciones judiciales de este tipo «nos sorprenden» tanto al Gobierno como a la ciudadanía.

Ha recordado que el Ejecutivo es parte, como acusación popular, en este caso, en el que siempre ha entendido que lo sucedido en los sanfermines de 2016 «era un caso grave de agresión sexual, en el que medió la violencia y la intimidación», al contrario que lo que entendió el tribunal, que lo calificó de abuso.

Así, el Gobierno «no comparte» tampoco la situación de libertad provisional en la que se encuentran los acusados hasta que se resuelvan los recursos a la sentencia, por lo que la resolución hoy conocida, que decide la continuidad en libertad de uno de los acusados pese a haber intentado obtener el pasaporte, «no la podemos compartir».

«Hemos defendido ante los tribunales que esa persona que fue a renovar el pasaporte tenía un importante riesgo de fuga. Entendíamos que había quebrado algunas de las condiciones por las que esa persona había sido puesta en libertad provisional hasta la resolución definitiva de los recursos», ha recordado Ollo.

«Como gobierno nos sorprenden este tipo de decisiones, que entendemos que no son compartidas por la ciudadanía navarra», ha dicho la consejera, que ha señalado que el Ejecutivo ha ido en este proceso «en paralelo» a la ciudadanía navarra.

A su juicio, la ciudadanía «entiende que esta violación, esta vulneración de los derechos humanos que se produjo en sanfermines no propicia una sociedad igualitaria, en convivencia, en la que las mujeres puedan compartir los espacios de ocio con la misma libertad que los hombres».

También el Ayuntamiento

Finalmente, el Ayuntamiento de Iruñea también ha confirmado que recurrirá el auto de la Sección Segunda de la Audiencia. El Consistorio, al solicitar el ingreso en prisión, insistió en que «el riesgo de fuga se había confirmado» y señaló que «era inexplicable el comportamiento» del guardia civil «si no era preparar su fuga».

Añadió además que «llamaba mucho la atención, por una parte, la celeridad con la que actuó para obtener el pasaporte, así como que no supiera, antes de llegar a su vivienda, que no tenía su pasaporte o que podía estar caducado y, por otra parte, que no hubiese consultado al Tribunal, ni dicho nada en la oficina en la que se expiden los pasaportes sobre su situación personal».