«Una vez que la retirada del Reino Unido se produzca, la relación de Gibraltar con la Unión Europea, política, jurídica y hasta incluso geográfica, pasará por España», resumió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la declaración conjunta de la Comisión Europea y el Consejo Europeo con la que Madrid se da por satisfecha para aceptar el Tratado de salida del Reino Unido de la UE.

Tras negociaciones de última hora, y con la amenaza del Gobierno español de provocar la suspensión de la cumbre que hoy debe ratificar el Tratado, Sánchez saludó una declaración que consideró «histórica». Aseguró que la Comisión y el Consejo han «aceptado las exigencias españolas», a pesar de que ni se ha modificado el Tratado de Retirada de Reino Unido ni la declaración política que establecerá el marco de la relación futura entre la UE y Londres, peticiones iniciales de los negociadores españoles.

Ni el bloque europeo ni el Gobierno de Theresa May veían margen posible para reabrir el acuerdo de divorcio ni la declaración política, por lo que se ha optado por negociar varias declaraciones paralelas en las que, aunque no son legalmente vinculantes, los 27 y Londres avalan la interpretación de Madrid.

Madrid criticaba que el artículo 184 del Tratado de Salida no precisa que para todo lo referido a Gibraltar se tenía que contar con el Estado español. Finalmente, la declaración señala que no hay una obligación sobre el alcance geográfico de los futuros acuerdos y, que ningún pacto futuro negociado con los británicos tendrá efecto en Gibraltar si no lo aprueba Madrid. A la vez, Reino Unido reconoce, sin mencionar a Gibraltar ni España, que el Tratado «no impone ninguna obligación» sobre el ámbito territorial de la relación futura que deben aún negociar Londres. Sánchez dio un valor «trascendental» a esa carta pero May subrayó que «la posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no cambiará. Estoy orgullosa de que Gibraltar sea británico». A su vez, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, indicó que las declaraciones «no son vinculantes para Reino Unido en modo alguno. No son más que una posición política de los 27 Estados miembro restantes. Estas declaraciones políticas no tienen valor legal alguno» y su ministra de Vivienda, Samantha Sacramento, advertía de que el Peñón ««no será intimidado por ninguna oferta desde Madrid para socavar su soberanía». Lo hizo en Belfast, en la conferencia del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), donde se evidenció el próximo desafió para May: la votación en el Parlamento con la oposición a su acuerdo de buena parte de los parlamentarios. La líder unionista Arlene Fuster instó a la primera ministra a «tirar a la basura» la solución sobre la frontera irlandesa. Fuster recordó que «un gran número de conservadores», tanto del ala más euroescéptica como de los que abogan por la permanencia en la UE, así como el Partido Laborista, comparten sus reticencias al acuerdo.

El ministro de Economía, Philip Hammond, trató de reducir ese rechazo y dibujó un escenario económico «caótico» si el acuerdo no es aprobado. Mientras, May trató de apuntalarlo en una reunión con Tusk y Juncker a última hora.

GIBRALTARREN OSTEAN, WESTMINSTER

Madrilek ontzat jo zituen Europako Batzordeak eta Europar Kontseiluak Brexit-aren Akordioari atxikitako adierazpen politikoak, Gibraltarren inguruan zituen susmoak gainditzeko. Nahiz eta juridikoki loteslea ez izan, Pedro Sanchezen ustez, «adierazpen historikoa» izan zen Gibraltarren inguruko negoziazioetan Madrilen ahotsa bermatzeko. Sanchezek Brexita onartuko duen bilkurari beto mehatxua altxatu ondoren, Hitzarmenak beste oztopo bat gainditu beharko du oraindik. Eta ez da espainiarrena baino txikiagoa. Ipar Irlandako DUP alderdiak Hitzarmena zaborretara botatzeko eskatu zuen eta bere botoak ezinbestekoak dira Westminsterren.