En la comparecencia han explicado que colectivos del barrio, hosteleros y los propios vecinos y vecinas llevan varios meses analizando el problema y buscando posibles soluciones.

A su juicio, «parte principal de este problema» se debe a «la gentrificación», un método que utiliza «diferentes acciones para forzar la huida de la población actual, sustituyéndola por otra de rentas más altas». Para ello emplea «ataques a la convivencia, subida de alquileres, narcopisos…».

De este modo, rechazan que se criminalice al movimiento okupa, al entender que «este responde a políticas de especulación con la vivienda y necesidades vitales». También muestran su desacuerdo con un «sensacionalismo» que pone el foco «contra la población más excluida y más marginalizada».

Además, los y las comparecientes han denunciado haber sufrido «amenazas y agresiones, tanto físicas como verbales», muchas de ellas con «un alto contenido machista y misógino», mientras «la pasividad de la judicatura viene permitiendo esta situación durante estos 5 largos meses».

Ante todo ello, han puesto en valor «el tejido social diverso, luchador, crítico e inconformista» de Alde Zaharra y han llamado a todas las personas que residen en esta zona a «seguir trabajando por mantener un barrio digno y vivo».