La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, ha puesto a Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Hong Kong, Líbano, Rusia, Francia y el Estado español como ejemplo de «brutalidad policial» y ha instado a los dirigentes de los países mencionados a «escuchar las críticas».

Esta protestas en diferentes partes del mundo, afirma, «sugieren que un movimiento muy amplio está en marcha y denota un fallo fundamental de la política y la economía contemporáneas».

Las atribuye a la existencia de una creciente «desigualdad» económica y social y a la «percepción de un déficit democrático».

Lamenta que en «la mayoría de estas protestas» la respuesta inicial se centrase en la acción policial.

Los gobiernos prefirieron «sofocar las protestas en lugar de escuchar lo que los manifestantes tienen que decir, y en muchos casos esto implicó acusaciones de excesos y a veces uso letal de la fuerza por parte de la policía».

La «brutalidad policial» contra quienes «reclaman pacíficamente sus derechos humanos o expresan opiniones críticas constituye una violación de los derechos humanos, pero además, al aumentar la tensión, dificulta una salida sostenible de la crisis», ha denunciado.