Ane URKIRI

Autoridades de la competencia «vigilan» precios abusivos y Facua exige medidas

La Autoridad de la Competencia de la CAV ha anunciado que está analizando la actividad de sectores en los que hayan podido establecerse precios «abusivos» en medio de esta crisis sanitaria. La CNMC se comprometió a finales de marzo. Facua advierte de que están esperando resultados de los informes y alguna medida urgente. Irache, asociación de consumidores de Nafarroa, pone el foco en las consecuencias de las cancelaciones de los vuelos.

Una consumidora en un supermercado de Laudio. (Marisol RAMIREZ / FOKU)
Una consumidora en un supermercado de Laudio. (Marisol RAMÍREZ/FOKU)

«En relación a lo que anunció la Autoridad Vasca de Competencia y el presidente español, Pedro Sánchez, que dijo que la Comisión española de los Mercados y la Competencia (CNMC) iba a empezar a monitorizar precios a petición del Ministerio de Consumo, lo que tenemos que decir es que estamos a la espera de los resultados». Esa es la primera respuesta que ofrece la asociación de consumidores Facua a NAIZ al ser preguntado por los repuntes abusivos de los precios que se están detectando en varios sectores.

La Autoridad de la Competencia de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (AVC) anunció este martes que ha recibido «numerosas reclamaciones» en las últimas semanas por posibles actuaciones de empresas o negocios que pueden haber aprovechado la situación provocada por la enfermedad Covid-19 para incrementar sus precios de forma «abusiva».

Estas reclamaciones, según ha precisado la organización a favor de los consumidores, se deben a los repuntes que se han dado en los precios de las mascarillas, de los geles desinfectantes o incluso de los servicios funerarios. Equo Berdeak, por su parte, sospecha de las grandes cadenas de supermercados.

Irache, la Asociación de Consumidores de Nafarroa, por su parte, señala que no ha recibido reclamaciones sobre los productos más esenciales pero que las cancelaciones de los viajes están siendo como para abrir una investigación: «Hemos recibido 900 reclamaciones».

Junto a Kontsumibide

Competencia aseguró, a través de un comunicado, que se ha puesto a analizar la actividad de sectores en los que hayan podido establecerse precios «abusivos» en mitad de esta crisis sanitaria. Esta labor de vigilancia la desarrollará con sus medios personales y materiales y colaborará con Kontsumobide. Han facilitado un email para aquellos que quieran denunciar posibles abusos en los precios de determinados artículos o servicios: infocompetencia@avdc.eus.

Según indican, estos repuntes pueden surgir por querer aprovechar el incremento de la demanda en determinados productos, como pueden ser las mascarillas o los geles desinfectantes.

El Gobierno de Nafarroa, a finales de marzo, también puso un email a disposición de los consumidores para informar de los posibles abusos en los precios (infocompetencia@navarra.es).

La CNMC empezó a reforzar la vigilancia desde antes de declarar el estado de alarma, es decir, desde el 12 de marzo.

En un comunicado, el organismo de Competencia explicó que esa medida va dirigida a garantizar que no se produzcan en el Estado español prácticas anticompetitivas, por ejemplo, en materia de fijación de precios abusivos o de acuerdos entre operadores.

Estas conductas pueden ser reprochables desde la perspectiva del Código Penal, de la normativa de salud pública y de regulación sobre consumidores y usuarios.

La organización Facua, preocupada

Facua, por su parte, sigue esperando los resultados de los informes sobre esas conductas y también exige alguna medida urgente. Rubén Sánchez, portavoz de la organización no gubernamental, ha explicado a NAIZ que «el 100% de la ciudadanía» es conocedor de la subida de los precios de las mascarillas y, «en cambio, ninguna administración, ninguna autoridad de competencia ha dicho ‘hemos detectado esta subida y recomendamos tal medida’».

«No se ha hecho público ningún informe, ningún análisis de ninguna autoridad estatal o autonómica, indicando si ha detectado o no subidas abusivas de precios en determinados sectores. Eso nos preocupa», comenta Sánchez.

Susana Arizcun, directora adjunta de Irache, apunta a NAIZ que «entiende que vigilen los precios de los productos esenciales, pues nunca podrán tener una subida de su precio establecido». Alimentos básicos, la luz, el gas, el agua, la telefonía, la basura o los servicios funerarios –«más aún en esta situación tan crítica», remarca Arizcun– son algunos de los productos esenciales de la ciudadanía. 

La Autoridad de la Competencia ha explicado que el encarecimiento de estos artículos podría deberse a un repunte de la demanda que la oferta existente en el mercado no alcanza a cubrir. En ese caso, señala que «sería el funcionamiento del mercado el que marcará el precio», lo que no implica que la subida de precios no deba ser analizada ante la posibilidad de que puedan darse «conductas colusorias o abusivas de los fabricantes o distribuidores».

Facua está preocupada porque «una cosa es anunciar el compromiso, como lo hizo la AVC, y otra cosa es cumplir el compromiso y estar trabajando en profundidad».  

«De hecho –comenta Sánchez–, el Gobierno español podría regular la imposición de precios máximos a las mascarillas, igual que lo podría hacer con otro producto que tuviese una subida desproporcionada. Por ejemplo, con los geles desinfectantes, planteando que no se pueden vender por más de X euros el centilitro».

El Consejo de Ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una medida por la que las compañías de telecomunicaciones no pueden incrementar a sus clientes los precios de aquellos servicios en los que estén prohibidas las portabilidades durante el estado de alarma, a petición de la propia Facua.

«La ínfima» bajada en las gasolinas, frente a la caída del 45% del petróleo, también preocupa a la organización de consumidores y pide a la CNMC que indague más en esta cuestión.

Servicios funerarios

La subida de los precios en los servicios funerarios ha sido uno de los temas más polémicos. La Autoridad de la Competencia se pronuncia sobre ello pero sin mojarse en demasía. Dice que es «sensible» al incremento de precios como consecuencia de la «presión» que supone el alto número de fallecidos por Covid-19. En todo caso, ha advertido de que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe conductas abusivas o pactos entre los operadores económicos que «alteren el funcionamiento del mercado».

Sin embargo, no hace referencia a que el Gobierno de Madrid «ha regulado la prohibición de aplicar precios superiores a los que tuvieran en vigor antes del estado de alarma», tal y como explica el portavoz de Facua. El Ejecutivo de Sánchez fue consciente de que algunas empresas funerarias aplicaron «subidas brutales» y por ello, «ahora plantea que a cualquier persona que en los últimos días le hayan cobrado una tarifa superior tiene derecho, con carácter retroactivo, a reclamar que le devuelvan el dinero y que se le equipare a la tarifa que tenía antes del estado de alarma».

Grandes supermercados

Los supermercados son los grandes beneficiados en esta crisis sanitaria –las autoridades empujan a comprar en grandes establecimientos– y Equo Berdeak sospecha que las grandes cadenas han actuado «de forma coordinada buscando alterar los equilibrios del mercado en su favor». Así, la formación ecologista ha pedido formalmente a la Autoridad de la Competencia que sobre todo vigile las compras de alimentos realizadas por las grandes cadenas por si han supuesto una alteración del precio.

Equo Berdeak considera que «la actuación de las grandes cadenas comerciales en los días posteriores a la declaración del estado de alarma, incrementando los precios en origen de los alimentos básicos mediante la compra masiva, vulnera claramente los principios de la libre competencia».

Esta actuación, según el partido ecologista, habría perjudicado a los pequeños comercios –«al tener que subir precios mientras las grandes cadenas los mantenían»– y a los baserritarras.

Desde la asociación Irache, sin embargo, señalan que a ellos nadie les ha notificado conductas irregulares en los comercios de alimentación. Matiza que algunos comercios han habilitado un teléfono para aquel o aquella que desea encargar para tal hora una compra o si desea contratar el servicio a domicilio «pero, en todo caso, avisan al consumidor que le va a cobrar un dinero extra por ese servicio». Por tanto, la asociación de Nafarroa no ve infracción alguna. 

Sí pide que investiguen o analicen los comportamientos de las aerolíneas o de las agencias de viajes. «Hemos recibido 900 reclamaciones», advierte Arizcun. Y es que las empresas están cancelando vuelos por su cuenta y muchos pasajeros se quedan sin alternativas. «Las aerolíneas deben devolver el dinero o ofrecer un bono, y en este último caso será el viajero el que decida si acepta el bono o no», explica. Además, ve necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez habilite un email o un teléfono para aquellos afectados que en un primer momento «no saben a quién o a dónde acudir para presentar la reclamación».

Asimismo, informa que el Ejecutivo español acaba de ampliar a las aerolíneas el plazo a presentar las alternativas al consumidor: «Ahora tienen un plazo de hasta dos meses; hasta ahora tenían siete días».

Ventas online

La Organización de Consumidores y Usuarios del Estado español (OCU) ha analizado el comportamiento de los precios en las ventas online. Remarca que no ha detectado «de momento» subidas de precios en una cesta de 25 productos básicos de venta online, compuesta por alimentos y productos de droguería e higiene, como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus.

En concreto, la organización de defensa de los consumidores observa fluctuaciones de precios, pero no necesariamente al alza. De hecho, dentro de un mismo tipo de producto ha observado tanto bajadas como subidas.

No obstante, advierte de que esto no significa que no se estén dando repuntes en algunos establecimientos.