La asociación feminista Argitan y la plataforma contra la exclusión social de Barakaldo Berri-Otxoak han exigido a Lakua la imposición de sanciones y exigencia de responsabilidades políticas en los servicios públicos de vivienda Etxebide y de empleo Lanbide por negar protección y ayuda a una mujer víctima de violencia machista y con discapacidad del 57%, que, además de una sentencia a favor, cuenta con el respaldo del Ararteko.

La reclamación se produce precisamente después de que el Ararteko haya emitido una resolución en la que reclama al Departamento de Vivienda que rectifique la decisión de negar a la víctima la inscripción en el registro Etxebide de solicitantes de vivienda protegida.

Esta actuación ha supuesto además que Lanbide reclame a la mujer 3.800 euros porque el derecho a la prestación complementaria de vivienda (PCV) está condicionado a que la solicitante figurara en Etxebide.

«Los hechos revelados por el Ararteko son de una gravedad tan grande que ya no basta con rectificar sino que el Gobierno Vasco debe demostrar con hechos que se toma en serio la protección y lucha frente al machismo, y para ello tiene que cortar cabezas políticamente e imponer sanciones por sendas actuaciones que son, además de injustas, humillantes y vejatorias», han declarado en un comunicado.

Argitan y Berri-Otxoak, que han pedido también a las fuerzas políticas que exijan en el Parlamento de Gasteiz explicaciones y responsabilidades por este hecho, se han mostrado «impactadas por la cruel actuación administrativa» y han advertido del inicio de de movilizaciones «hasta conseguir que se rectifique y se impongan sanciones ejemplificadoras por estos hechos».

El dictamen del Ararteko señala que el delegado territorial del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en Bizkaia negó en 2018, «no una sino en dos ocasiones», la inscripción de la víctima en el registro Etxebide de solicitantes de vivienda protegida a pesar de que la mujer contaba con la «credencial de víctima de violencia de género con una orden de protección vigente» y a pesar de que el marido agresor estaba vulnerando la orden y se había instalado en el piso familiar, lo que obligó a la esposa a buscar otra vivienda.

«No es un caso puntual»

La negativa de Etxebide se produjo a pesar de que «era imposible la convivencia en la vivienda familiar debido a la condición de víctima de violencia de género de la mujer y la residencia permanente del agresor en la misma». Pese a ello, la negativa administrativa sostenía que se producía un «incumplimiento del requisito de carencia de vivienda en los dos años anteriores a la solicitud».

«Instamos al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que dé un paso adelante y demuestre que no hay impunidad en las actuaciones violentas contra las mujeres, que no sólo se producen por parte de las parejas machistas sino que, como en esta ocasión, también se producen por parte de una Administración pública que ni entiende ni quiere entender situaciones que son dramáticas y que ponen en riesgo la vida de las personas», han señalado Argitan y Berri-Otxoak.

Los dos colectivos han señalado que este «no es un caso puntual». «Lanbide ha negado y sigue negando repetidamente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a las mujeres maltratadas, y hasta la fecha nunca ha pasado nada y nadie toma decisiones políticas para frenar este despropósito», han apuntado.