El 8 de setiembre, la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados español inició el proceso de tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética al que dio luz verde el Consejo de Ministros en mayo. En este proceso, se ha abierto una ronda de exposiciones de expertos, propuestos por los grupos del Congreso, quince científicos y empresarios en total.

A propuesta de EH Bildu, este jueves ha intervenido Unai Pascual, investigador y profesor de Ikerbasque en el Basque Centre for Climate Change. Pascual ha celebrado la puesta en marcha de la Ley de Cambio Climático, la cual considera «urgente e imprescindible para hacer frente a la crisis climática», aunque ha advertido que tiene margen para mejorarse.

A su juicio, es imprescindible crear diálogo entre la ciencia y la política, y abordar el problema del cambio climático tomando en consideración que está interrelacionada con otros varios problemas sistémicos de la sociedad, porque «no hay justicia social sin justicia climática».

Unai Pascual ha subrayado que hay una gran evidencia científica en cuanto a la responsabilidad del actual sistema económico para con el cambio climático o el calentamiento global. «Hay una creencia irracional sobre la capacidad de la naturaleza de poder darnos todo gratis», ha lamentado.

Tras presentar el problema, Pascual ha pasado a proponer diversas soluciones que podrían incluirse en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una de las propuestas que ha sido más comentada en la ronda de preguntas de los grupos políticos ha sido la referente a la fiscalidad verde progresiva. «Creo que este proyecto de ley puede mejorarse. Es interesante, marca una senda a seguir en una transformación. Pero falta un instrumento: la fiscalidad ambiental. Por motivos quizás ideológicos, o quizás por temor de que estos impuestos sean regresivos y puedan tener impacto sobre los sectores más bajos de la sociedad, se ha puesto una barrera para no avanzar en la fiscalidad verde», ha expuesto Pascual.

Canadá y Suiza

Ha recordado que existen análisis que demuestran que en el Estado español, con una reforma, se podría conseguir no solo que la fiscalidad «funcione» –reduciendo los niveles del CO2, por ejemplo–, sino que también resulte progresiva y favorezca a los sectores de la sociedad que de otra forma se verían negativamente afectados.

Habría varios métodos para aplicar esta reforma, pero Pascual ha destacado el que ya están llevando a cabo en Canadá y Suiza. En estos países, la recaudación de los impuestos ambientales se devuelve más tarde a los ciudadanos, consiguiendo que no aumente el gasto público. Según ha comentado, se calcula que el Estado español podría tener un gravamen de 7.000 millones de euros.

Por otra parte, el científico vasco ha advertido de que en el Estado español el 15% de la energía proviene de las importaciones netas. En ese sentido, ha propuesto implantar impuestos a la energía importada. «Si esta ley apuesta por un consumo responsable, habría que tener certificados energéticos de los productos que importamos», ha considerado.

Para Unai Pascual, la defensa de la biodiversidad es esencial si el Estado quiere avanzar hacia una economía ecológica. «La ley podría optimizar las sinergias a la adaptación del cambio climático y a su mitigación. La biodiversidad, como capital natural, hay que aprovecharla para la adaptación y a la vez generar la opción de mitigar los gases de efecto invernadero», ha subrayado.

Todas estas medidas, ha sentenciado, deberían tener en cuenta la ciencia como actividad y elemento vertebrador para buscar soluciones, y la participación de la ciudadanía en este ámbito debería ser activa, brindándoles la oportunidad de participar en las decisiones y en el modelo de gobernanza.