La Policlínica de Donostia o la clínica San Miguel de Iruñea ofrecen desde esta semana a cualquier persona con síntomas de covid-19 la posibilidad de realizarse un test de antígenos. Una opción que todavía no está disponible en la red pública, pese a que estas pruebas tienen luz verde desde el 23 de setiembre por parte del Ministerio de Sanidad estatal, cuando las declaró equiparadas con las PCR usadas hasta ahora.

La situación reproduce lo ocurrido al inicio de la pandemia, cuando el sistema sanitario vasco ni siquiera realizaba pruebas a personas sintomáticas por falta de test suficientes (el episodio de la celadora de Txagorritxu fue ilustrativo) mientras sí se ofertaban en el ámbito privado.

También igual que ocurrió entonces, en este momento inicial los precios están disparados respecto a su valor real. El coste auténtico de estas pruebas de antígenos no pasa de los 4-5 euros: no necesitan máquinas ni laboratorio, sino simplemente una placa con un reactivo y el material de extracción de las muestras. En la Policlínica de Gipuzkoa, sin embargo, el precio se ha fijado en 60 euros.

Cuando se introdujeron las PCR como prueba de detección, su coste real se calculó en torno a 20-30 euros pero en la privada se llegaron a cobrar a 200. A medida que el sistema público ha dado este servicio (hoy día en Euskal Herria Osakidetza y Osasunbidea realizan cada día más de 10.000), las clínicas privadas también han ido rebajando el precio, aunque hoy se sitúa todavía en torno a 90-100 euros. Lógicamente, con la producción masiva los test también se han abaratado.

Como se aprecia, en ambos casos en la privada se multiplica aproximadamente por diez el coste real de la prueba, disparando el beneficio y circunscribiendo el acceso solo a quienes puedan pagárselo.

Sin fecha en la red pública

Con todo, más grave aún es el efecto sobre la salud pública. El auténtico valor de estos test de antígenos estriba en que el resultado se conoce en apenas un cuarto de hora mientras la PCR necesita varias horas y habitualmente más de un día, con la demora que ello acarrea para los rastreos. Estas clínicas privadas comunican los resultados por SMS prácticamente sin que a la persona que se ha realizado el test le dé tiempo casi a salir del centro hospitalario.

¿Y qué pasa con la red pública? No hay fecha, aunque aparentemente sí voluntad, para la incorporación de estos test al sistema de detección, sustituyendo en principio a las PCR o en régimen de complementariedad.

La consejera navarra de Salud, Santos Indurain, manifestó ya hace diez días que Osasunbidea estaba procediendo al «aprovisionamiento» de test de antígenos. No hay más noticias desde entonces.

En cuanto a Osakidetza, el coordinador de Vigilancia, Ignacio Garitano, matizó este jueves que «se está considerando» la introducción de estas pruebas. Una afirmación que inevitablemente hace recordar la demora en la valoración de los test de la UPV-EHU allá por abril, cuando todavía había un déficit gravísimo de PCR.

En ambos casos se da a entender que la introducción de los test de antígenos será coordinada a nivel estatal, por lo que habría que interactuar con otras autonomías.

También el deporte de elite por delante

La historia se repite también en lo que respecta al deporte de elite, puesto que de nuevo va por delante de la sanidad pública en esta carrera. Como se recordará, allá por el 18 de marzo a los clubes de fútbol de Primera se les facilitaron desde la Liga test de detección que por entonces resultaban pioneros, una discriminación tan evidente que Eibar u Osasuna optaron por donarlos para colectivos de riesgo como el de los profesionales sanitarios.

Ahora, mientras el sistema público no tiene fecha de introducción, la Liga ya anticipa que acelera la introducción de test de antígenos. Explica que con ello se reducirá el coste de la detección actual, basada en PCR, hasta en 400.000 euros por jornada, dado que a las plantillas y demás personal de cada club se las realizan pruebas reiteradamente. Y la Federación Española de Fútbol anuncia 200.000 test de antígenos para facilitar el inicio de competiciones en categorías menores (Segunda B o Tercera) y cederá incluso 100.000 más al Comité Olímpico Español.