Las Juntas de Gipuzkoa han rechazado este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por Elkarrekin Podemos contra el cobro de peaje en el tramo de la carretera A-636 entre Beasain y Bergara. La norma foral continúa así con su tramitación.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, ha defendido que la implantación del canon para todos los vehículos salvo motocicletas permitirá «hacer visibles los costes generados por la construcción, el mantenimiento y la explotación, trasladándolos a quienes usen la infraestructura, introducir factores de equilibrio territorial y recuperar los costes de conservación y gestión».

La fecha de inicio de cobro no podrá ser posterior al 30 de junio de 2022, según indica el proyecto de norma. Cuando el pasado enero se presentó el anteproyecto, este indicaba que la puesta en marcha no podría ser «posterior al 31 de diciembre de 2021».  

Oiarbide ha subrayado que la norma recoge los descuentos progresivos y el límite de gasto que ofrece el dispositivo Abiatu. Por esta carretera circulan cada día unos 9.000 vehículos.

Las explicaciones no han convencido a la portavoz de Elkarrekin Podemos, Arantza González, quien ha defendido que esta carretera da servicio a un tráfico local en una zona sin una oferta adecuada de transporte público.

«Una contradicción»

Eric Gálvez, juntero del PNV, ha destacado que lo recaudado «solo se destinará a reparar y mejorar esta infraestructura viaria. Creemos que es una contradicción, por parte de Elkarrekin Gipuzkoa, hablar de fomentar el transporte público en su enmienda, cuando pretenden que una vía de alta capacidad como la A-636 sea gratuita. Con ello, lo único que se fomenta es el uso del vehículo privado».

Ha añadido que «el sistema de peajes libera de la carga que supone el carísimo mantenimiento de nuestras vías a la Diputación Foral de Gipuzkoa, y de esa forma, poder destinar esos recursos a otras áreas».

Por su parte, EH Bildu se ha abstenido, ya que la coalición entiende que «el mantenimiento y la deuda de Bidegi, que sigue en 640 millones, hay que pagarla» y que esas cantidades no se pueden obtener de las «arcas públicas».