Para llamar la atención sobre este caso, la plataforma contra la exclusión social ha protestado ante el edificio consistorial de Barakaldo colocando en la plaza 100 platos vacíos mientras las y los activistas han mostrado carteles con la lema ‘Tenemos hambre de derechos sociales’.

Berri Otxoak ha destacado que este caso se suma al de otra pareja, con una niña de 9 años, que también perdió el empleo durante la crisis de la pandemia y que vive en una habitación cuya renta ya no puede abonar tras sufrir un recorte en las ayudas por parte del Departamento de Acción Social de Barakaldo.

«A pesar de que ambas familias tienen menores a cargo, se encuentran con obstáculos y recortes por parte del Departamento de Acción Social para acceder a las Ayudas de Emergencia Social (AES)», han destacado.

«No ex excepcional»

«Esta situación no es excepcional. El equipo de gobierno del Ayuntamiento, compuesto por PNV y PSE, ha aplicado un recorte medio del 20% a las 3.100 familias que, tras sortear infinidad de obstáculos, consiguieron solicitar las ayudas de emergencia a lo largo del 2020», han denunciado.

Berri Otxoak ha recordado que el Ayuntamiento de Barakaldo tiene actualmente cerrado el periodo de solicitudes de ayudas sociales, desde noviembre a febrero, lo que a juicio de esta organización «es ilegal», al incumplir la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En la lista de «retrocesos» también ha mencionado la supresión del cheque comida a 200 familias de la localidad. «Si no hay dinero para ayudar al 67,5% de las personas desempleadas de la localidad, en concreto 4.890 barakaldeses que no perciben ninguna prestación o subsidio, no lo hay para pagar 2 millones de euros anuales en sueldos a las treinta personas que conforman el equipo de gobierno local, ni tampoco para gastar 600.000 euros en su publicidad», han afirmado.